El Gobierno actúa con negligencia para adaptar la normativa española

CONCHA MARTÍN ENVIADA ESPECIAL, El Gobierno español actúa con negligencia a la hora de adaptar la normativa española a la comunitaria y de garantizar a particulares y empresas españolas el ejercicio de sus derechos derivados de la integración a la Comunidad Europea (CE). Esta falta de reflejos se extiende a los tribunales de justicia españoles, que, a un año y medio de la adhesión, no han resuelto aún ningún recurso en el que se ha invocado el derecho comunitario. Éstas son las principales conclusiones de la intervención del ahogado Rodrigo Uría, director del curso sobre La empresa española y el ordenamiento jurídico de la CE, que se inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La negligencia del Gobierno español se concreta, según Rodrigo Uría, en que aún quedan 14 leyes por reformar en adaptación al derecho comunitario. Ello provoca una confusión legal, dado que desde la adhesión la normativa de la CE puede ser invocada por particulares y empresas en su favor. Los tribunales de justicia y los propios profesionales de la abogacía parecen, sin embargo, ignorar esta circunstancia debido también a la lentitud de la justicia española y a una falta de preparación técnica.Para Rodrigo Uría, el derecho comunitario es una herramienta bastante importante en manos de las empresas "para defenderse de las agresiones exteriores y, sobre todo, en el nuevo contexto de la empresa española, que es la libertad de mercado". Las instituciones comunitarias, agregó, tienen el máximo interés en que la Administración española sea lo más diligente posible en la adaptación de nuestro sistema jurídico al comunitario, aunque, en opinión de Uría, los ciudadanos y las empresas deben presionar para que este objetivo se lleve a cabo.

Respecto a los recursos directamente planteados por el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, hasta la fecha se han producido cinco, se ha intervenido en otros cuatro recursos emitidos por particulares o empresas y se han presentado observaciones en ocho cuestiones prejudiciales. Las empresas españolas, por su parte, han presentado hasta la fecha un total de ocho recursos. Mientras en España los tribunales pueden tardar hasta cinco años en emitir una sentencia, en Europa la media es de dos años.

Mayores dificultades

El secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, por su parte, vaticinó para España el inicio de una nueva etapa de mayores dificultades en su integración europea. En su opinión, hasta ahora factores como la caída del dólar y de los precios del petróleo han suavizado el primer impacto y las consecuencias negativas sólo se han padecido en el comercio exterior.

Al cambiar la tendencia de estos dos factores, y ante la apertura del proceso de creación de un mercado único europeo, España deberá duplicar sus esfuerzos de liberalización económica. A pesar de ello, las consecuencias de este proceso serán positivas para España porque supondrá acceder a un mercado más amplio.

Para que este mercado único sea posible es necesario una mayor coordinación de las políticas económicas de los países miembros de la CE, de forma que la libre circulación de mercancías, servicios y capitales no se traduzca en un mayor desequilibrio regional, según De la Dehesa. Ello debería complementarse con una reforma del presupuesto comunitario que disminuya los gastos agrícolas y aumente los fondos estructurales. Todo ello se traducirá en un mayor crecimiento económico, una mayor racionalización productiva y una disminución de los precios, factores que tendrán como consecuencia el descenso del paro.