AP recurre la ley catalana del comercio por atentar contra la libre empresa y romper la unidad de mercado

Una cierta sorpresa ha causado en el propio Gobierno de la Generalitat el recurso interpuesto por 56 diputados de Alianza Popular contra la ley de Equipamientos Comerciales, aprobada en febrero último por el Parlament con el voto a favor de todos los grupos que componen la Cámara catalana, con excepción del Grupo Popular, que presentó una enmienda a la totalidad, antes de dar su voto negativo. El recurso establece que la ley podría atentar contra la libertad de empresa y romper la unidad de mercado en el territorio español.

La ley de Equipamientos Comerciales fue justificada por el conseller Joaquim Molins como un instrumento serio para mejorar las estructuras comerciales y racionalizarlas en beneficio del propio sector y de los consumidores. El nudo gordiano de la ley es el carácter vinculante del informe de la Comisión Territorial de Equipamiento Comercial en cuatro casos: en poblaciones de menos de 25.000 habitantes cuando se quiera abrir un establecimiento edificado superior a los 2.000 metros cuadrados (o superficie neta de venta superior a 1.500); en poblaciones de más de 25.000 habitantes cuando esta superficie sea superior a los 3.000 (o neta de 2.500); cuando se trate de lonjas o centros de contratación, y en los cambios de actividad en establecimientos de más de 2.500 metros.

"Argumentos arbitrarios"

La citada comisión, que debe dar el visto bueno a la apertura de estos establecimientos de gran superficie, está compuesta por el director general de Comercio, cuatro altos cargos de la Generalitat y dos vocales elegidos por el conseller, cinco representantes de los ayuntamientos, dos representantes de las organizaciones de consumidores y cinco vocales propuestos por las cámaras de comercio y organizaciones de comerciantes representativas.El recurso de AP, redactado por el abogado Federico Trillo, resalta que la ley cuestiona la libertad de empresa y puede comportar actuaciones arbitrarias. A su juicio, las condiciones que la normativa prevé para la licencia de la apertura municipal y para el informe, que sería preceptivo y vinculante, en los establecimientos de grandes superficies "suponen que se conceden o deniegan por mera oportunidad, con evaporación total de todo derecho previo que pretendan ostentar los ciudadanos". Entre las condiciones figuran los planes municipales, la accesibilidad, las cargas para la colectividad, los efectos sobre la ocupación, la aportación de mejoras a las estructuras comerciales y los criterios del programa de orientación para equipamiento.

El total de artículos de la ley recurridos es de nueve, lo que equivale a prácticamente dejarla sin efecto. AP ha recogido buena parte de los argumentos que en su día esgrimió la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que mostró su disgusto "por no haber participado ni estar informados" de la ley, "por responder a las presiones de los pequeños comerciantes contra las grandes superficies" y "por poner en desigualdad a Cataluña respecto a otras comunidades en la creación de hipermercados y grandes almacenes".