Batalla jurídica en Perú por la decisión de Alan García de nacionalizar la banca

Dos resoluciones contrarias sobre el otorgamiento de recursos de amparo a banqueros, financieros y aseguradores por la reciente intervención estatal marcaban ayer en Lima un compás de espera en la batalla jurídica iniciada el viernes pasado entre los banqueros privados y el Gobierno de Alan García, decidido a seguir adelante con sus planes de nacionalización del sistema financiero peruano.

El lunes, en una jornada bastante agitada, los banqueros, apoyándose en el recurso de amparo acogido por el juzgado número 20 de Lima, volvieron a sus oficinas en medio del aplauso de los empleados y el desconcierto de las comisiones interventoras.Los directivos de cuatro de los mayores bancos, de los 10 intervenidos desde el 30 de julio en una acción previa a la nacionalización que comenzó a ser discutida ayer en el Congreso, defendieron la legalidad del recurso y se mostraron decididos a no abandonar sus antiguos cargos.

El Gobierno peruano, a través del ministro de Economía, Gustavo Saberbein, y de la agencia oficial de noticias Andina, reiteró que la intervención en la banca, las financieras y los seguros proseguía, y subrayó la nulidad de todas las operaciones efectuadas por los ex propietarios. De esta manera, en una gestión inusitada, las entidades intervenidas se gobernaron ayer en forma paralela.

Como Lima concentra la actividad económica, pública y social peruana, gran parte de la batalla jurídico-política se ha centrado en la capital, aunque en provincias también se ha sentido, como en la sureña Arequipa, donde ayer se izó la bandera nacional a media asta, por orden del alcalde, y hubo manifestaciones de empleados bancarios contra las medidas y proyectos gubernamentales.

El plan sigue adelante

A pesar de estos obstáculos procesales, el proyecto de nacionalización del sector económico-financiero de Perú iba a entrar anoche a debate en la Cámara de Diputados, en la que hay una confortable mayoría del partido gobernante, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), y de sus aliados del frente Izquierda Unida (IU). De 180 diputados, unos 110 son apristas y 50 pertenecen a IU, segunda fuerza política del país. Izquierda Unida ha informado que presentará un proyecto alternativo de nacionalización, en el que se profundizan las medidas propuestas por el Gobierno.