Asociaciones ecologistas exigen el cumplimiento de las promesas sobre el centro de Aldeadávila

El Comité Antinuclear de Salamanca y la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero acordaron ayer en Astorga (León), en el transcurso de una reunión entre numerosas asociaciones ecologistas y antinucleares de varias comunidades autónomas, exigir a los políticos que integren la: nueva Junta de Castilla y León el compromiso expuesto por ellos durante la reciente campaña electoral en relación con el proyecto de laboratorio nuclear en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). Ambas asociaciones acordaron el inicio de una campaña de firmas contra el proyecto.

Alianza Popular (AP) y el Centro Democrático y Social (CDS), principales fuerzas políticas a escala regional tras las recientes elecciones, expresaron en reiteradas ocasiones su oposición a la construcción de una instalación piloto experimental subterránea (IPES) que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) tiene previsto situar en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), en las cercanías de la frontera con Portugal.Ambas asociaciones ecologistas ¡niciarán próximamente una campaña de recogida de firmas entre los escolares de la zona de las Arribes del Duero, que posteriormente serán enviadas al presidente del Gobierno. En cartas manuscritas los estudiantes de EGB del lugar expondrán a Felipe González los motivos de su oposición al proyecto de laboratorio nuclear. Asimismo, el próximo mes de octubre serán enviadas a la Comisión Europea, que se reunirá en Bruselas en la citada fecha, más de 100.000 firmas de protesta de los vecinos de esta comarca.

La totalidad de los grupos ecologistas que asistieron a la reunión denunció el escaso eco que tienen en los medios de comunicación las medidas de presión contra el proyecto IPES emprendidas por los habitantes de la zona. La Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), creada en 1976, que agrupa a más de 70 asociaciones ecologistas, advirtió por su parte del peligro de las instalaciones radiactivas de uso médico, industrial o de investigación. La CEAN reclamará al Gobierno un mayor control de este tipo de instalaciones, de las que a modo de ejemplo se señaló que de 20.000 aparatos de rayos X censados en el país, según el Consejo de Seguridad Nuclear sólo 76 están declarados.

Pararrayos radiactivos

En otro orden de cosas, la Coordinadora Estatal Antinuclear acordó exigir al Ministerio de Industria el censo actual de los pararrayos radiactivos en España y el número de ellos que han sido retirados ya de acuerdo con un decreto de 1986 por el que se prohibía la instalación de los mencionados pararrayos y se establecía el plazo de un año para el cambio por otro convencional. Según la CEAN, el coste de la operación -180.000 pesetas por unidad- hace prácticamente inviable el cumplimiento del decreto.