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El Ejecutivo quiere lograr un pacto social para dos años

Anabel Díez

El Gobierno espera conseguir para el próximo año y si es posible también para el siguiente el pacto social entre empresarios y sindicatos a la vista del deterioro económico y la conflictividad existente en 1987, en el que no ha habido acuerdo entre los agentes sociales. Éste fue uno de los principales elementos que Felipe González, expuso a Nicolás Redondo, según un portavoz gubernamental. González manifestó al dirigente sindical que el Gobierno se propone impulsar una política económica de solidaridad que contraste visiblemente con las propuestas conservadoras.En este sentido se expresó el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. "Mi, criterio es que la concertación es probable para el año que viene y quizá para alguno más". Según Guerra, la conflictividad social existente "es igual o menor que el año pasado, no es algo excepcional". El vicepresidente, que inauguró unas jornadas de cultura y arte en la construcción de Europa, organizadas por la Unión de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea (UPSCE), ha detectado en estos días de campaña electoral que "algunos tienen un afán de revancha que nunca tuvo la izquierda, que perdió la guerra, ni siquiera en 1977".

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La virulencia de Cuevas

González suscitó en su encuentro con Redondo la necesidad de llegar a un pacto social. "En, este año que no ha existido acuerdo entre los agentes sociales, las cosas no han ido bien y ha tenido un coste muy elevado para la economía y para los trabajadores", señaló un portavoz gubernamental. Este destacó, como aspecto no ajeno a la conversación, la impresión del Gobierno sobre la actitud última del presidente de la CEOE, José María Cuevas. "Ha estado especialmente virulento en sus declaraciones y, desde luego, ha sacado los pies del tiesto". El Gobierno interpreta esta actitud por el hecho de que Cuevas hablaba "en vísperas de su reelección en la CEOE" y se muestra expectante en cuáles serán sus posiciones a partir de ahora.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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