El Gobierno argentino quiere promulgar una ley de 'pacificación nacional'

ENVIADO ESPECIAL, Después de que el procurador general de la nación, Juan Octaviló Gauna, aceptara en su dictamen para la Corte Suprema de Justicia la eximente de obediencia debida, el Gobierno argentino busca urgentemente las fórmulas que permitan promulgar una ley de pacificación nacional, con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas y sociales, para poner fin a la difícil situación creada por los juicios contra militares acusados de violación de los derechos humanos.

El dictamen de Gauna se esperaba con impaciencia desde hacía semanas, porque marca el inicio de una salida al problema militar. De hecho, la decisión del procurador nacional sólo puede aplicarse al juicio del general Ramón Camps, conocido como el carnicero de Buenos Aires durante su etapa al frente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero la aceptación del principio de obediencia debida es el núcleo sobre el que se desarrollará la próxima normativa destinada a pacificar los cuarteles.Juan Octavio Gauna, de 50 años, aceptó en su dictamen la citada eximente a favor de un cabo y un médico de la policía federal condenados en primera instancia por torturas. Pero ni el general Camps ni el comisario Etchecolatz, incluidos en la misma causa, pueden beneficiarse de la eximente, ya que fueron quienes dictaron las órdenes. Del mismo modo, el principio de obediencia debida no podrá aplicarse a los autores de "delitos aberrantes, como violación o secuestro, a quienes se extralimitaron en la represión y a quienes obtuvieron beneficios propios"

Ahora se trata de crear una legislación, bien a iniciativa del poder ejecutivo o bien del legislativo, que haga obligatoria la aplicación de este principio en los casos ocurridos durante la llamada guerra sucia, entre 1976 y 1983. Ello supondría el no procesamiento o 1a absolución de centenares de oficiales que tenian una jerarquía de mando intermedia durante la. dictadura. El proyecto de ley hará únicos responsables. de los delitos cometidos en acto de servicio a quienes dieron las órdenes, pero no a los que las ejecutaron.

Durante los últimos días se han mantenido numerosas reuniones entre el presidente, sus asesores y sus ministros, mientras que por otro lado se entrevistaban diputados y senadores de distintos partidos políticos. Hay urgencia por encontrar una salida a la crisis y se da como muy probable que Raúl Alfonsín convoque este fin de semana en la quinta presidencia de Olivos a destacados dirigentes políticos y sindicales.

Alfonsín busca un compromiso lo más amplio posible, similar al acta de apoyo al sistema democrático que se firmó durante el motín militar de Semana Santa. Empujado a terminar de una vez con el problema que supone el procesamiento masivo de oficiales de las fuerzas armadas, el presidente necesita esa concertación entre diversos sectores sociales, además de una cuidadosa legislación -que impida, por ejemplo, la constante interposición de recursos- y la conformidad, tácita o expresa, de la cúpula militar en activo.

Entre las soluciones que se barajan está la famosa de trazar una raya a nivel de, teniente coronel, de tal modo que sólo pudiesen ser encausados los jefes de grado superior (coroneles y generales). Además, se habla de un posible corte vertical por el que se, distinguiría entre quienes planearon y ordenaron la represión y aquellos otros que cumplieron esas órdenes.