El Poder Judicial ampara a los jueces frente a la "intromisión política" de dirigentes socialistas.

BONIFACIO DE LA CUADRA, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautorizó ayer las declaraciones de varios dirigentes socialistas particularmente, las del secretario general del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, y las del presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu sobre la supuesta inhibición de los jueces del País Vasco ante el terrorismo. El pleno del CGPJ reaccionó contra lo que calificó de "incoherencia con el orden democrático" y menoscabo de la independencia judicial y expresó su amparo a los jueces frente a la "manipulación o intromisión política".

Con esta declaración, el órgano de gobierno del poder judicial se pronuncia sobre las manifestaciones realizadas por García Damborenea, que el pasado 1 de mayo arremetió contra los jueces que ejercen sus funciones en el País Vasco, de los que, entre otras cosas, dijo que "están tan preocupados por los derechos constitucionales de los terroristas que no les queda tiempo para los derechos de la mayoría". En igual fecha, Urralburu se refirió a "un poder judidical que a veces parece atemorizado y que se resiste a aplicar la ley con toda su fuerza contra los agitadores".Estas declaraciones de dirigentes socialistas no han sido hasta ahora desautorizadas por los máximos dirigentes socialistas, sino por el contrario respaldadas de distinta forma por varios de ellos, incluido el propio presidente del Gobierno, Felipe González. Ayer, el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, manifestó: "El poder judicial está sometido a las críticas de los partidos- y de los ciudadanos, como cualquier otro poder del Estado. García Damborenea está en el derecho de hacer las declaraciones que ha hecho. Suscribo las declaraciones de Damborenea en el sentido de que se puede hacer más desde el punto de vista de la aplicación de la legalidad por parte de la justicia". El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, dijo también ayer: "es curioso que interesen más, y se hable más, de las declaraciones de un político sobre el comportamiento de los jueces que sobre el atentado mismo que ha costado la vida a dos personas. Cuanto menos, eso a mí me preocupa".

De ahí que el pronunciamiento del Consejo -cuyos 20 vocales fueron, elegidos por el Parlamento de mayoría socialista- se dirige a "quienes ostentan responsabilidades políticas" e imputan al poder judicial "actitudes de incumplimiento de'sus deberes o la realización de éstos de forma parcial y al servicio de fines no constitucionales".

Tres de los 19 asistentes al pleno (Terenciano Álvarez no ha tomado aún posesión y Antonio González Cuéllar se encontraba fuera de Madrid) estimaron no procedente hacer una declaración, "porque no es función del Consejo", dijeron, "responder a declaraciones políticas". Se trata de Ignacio de Otto, Pablo García Manzano y Valentín de la Iglesia Estos tres vocales y Emilio Berlanga, que propuso un texto alternativo, se abstuvieron en la votación del texto ' mayoritario que obtuvo 15 votos. La declaración se discutió durante dos ho ras, tras analizar los cuatro borradores presentados: uno por el vicepresidente Manuel Peris y los vocales Francisco Huet, José Luis Calvo y Martínez Zato; otro por Adrián Celaya y Julián Se-rrano; otro por Pablo Castellano, y otro por Emilio Berlanga.

Texto alternativo

El texto de Berlanga, que fue descartado, decía así: "hacer recaer sobre los jueces responsabilidades que les son ajenas, para enmascarar la inoperancia de quienes tienen aquellas como propias; llevar la mendacidad hasta ocultar a la opinión pública que a los jueces ejercientes en el País Vasco les ha sido siempre legalmente sustraída, a favor de la Audiencia Nacional y Juzgados Centrales, la competencia para conocer de los delitos de terrorismo; acusar de lenidad precisamente a estos jueces, que de continuo han venido reclamando su competencia exclusiva para conocer de aquellos delitos, significa, no sólo un reprobable atentado a la independencia judicial, sino también un irresponsable cuestionamiento de los fundamentos mismos del Estado social y democrático de Derecho".

Al dar cuenta del pleno del Consejo, Martínez Zato contestó a los informadores que no existen datos sobre la veracidad de las imputaciones realizados a los jueces de Euskadi, en donde se ha experimentado una ligera mejoría* en la situación de la administración de justicia. En todo caso, manifestó con énfasis: "los jueces en el País Vasco no actúan con temor, sino con escrupulosa pulcritud".