La segunda edición de una 'vieja' polémica

EL PAIS, El cruce de declaraciones entre sectores judiciales y dirigentes del PSOE, básicamente el secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, y el presidente del Gobierno navarro, Gabriel Urralburu, sobre la situación de la justicia en el País Vasco, comenzó al día siguiente del atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete. El poder judicial y altos dirigentes del PSOE ya habían mantenido hace un año una larga polémica después de que el Gobierno respaldase la incomparecencia de 90 guardias civiles a varias ruedas de reconocimiento, citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, María Elizabeth Huerta, por el caso Linaza.

El 26 de abril Damborenea pedía a los jueces que actuasen contra Herri Batasuna (HB), a quien consideraba responsable de la agresión. El dirigente, socialista reclamó entonces "de esos jueces que se muestran tan solícitos cuando hay que perseguir a guardias civiles" el mismo empeño para esclarecer el atentado. El propio presidente del Gobierno, Felipe González, respaldaba a Damborenea en sus declaraciones a TVE del 30 de abril.

Las afirmaciones más críticas de García Damborenea se produjeron el 1 de mayo, durante el entierro de Maite Torrano, militante socialista fallecida a causa del atentado. "Hay jueces" dijo el dirigente socialista, "que están, tan preocupados por los derechos constitucionales de los terroristas que no les queda tiempo para los derechos de la mayoría".

Miedo.

Ese mismo día el presidente del Gobierno navarro, Gabriel Urralburu, se preguntaba públicamente en Tafalla "si podremos aguantar mucho tiempo don un poder judicial que a veces parece atemorizado y se resiste a aplicar la ley con toda su fuerza contra, los agitadores", declaraciones que provocaron la indignación de los jueces de la Audiencia Territorial de Pamplona. Sectores judiciales progresistas y moderados rechazaron el propio Primero de Mayo, por irracionales, las declaraciones de los dirigentes socialistas.

La Audiencia Territorial de Pamplona remitía el 4 de mayo las declaraciones de Urralburu al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esa fecha se conoció también que la juez María Elizabeth Huerta, había citado a 30 guardias civiles a nuevas comparecencias por el caso Linaza. La magistrado declaró entonces a este periódico que no le afectaba lo que pudiese decir García Damborenea.

El 5 de mayo, el presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, terciaba en la polémica al declarar en Valencia que los jueces del País Vasco no -están atemorizados, aunque rechazó valorar las declaraciones de García Damborenea.

El pasado jueves el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, reivindicaba la libertad de criticar a los jueces. Por su parte, García Damborenea reiteraba que "hay una excesiva permeabilidad con todos los delitos que se generan en la órbita de ETA".