Reagan pasa a la ofensiva anticipándose a la batalla final del 'escándalo Irangate'

Ronald Reagan se juega su presidencia en el juicio público y televisado al país que mañana inicia el Congreso, y que durante tres meses tratará de descubrir, al igual que ocurrió hace 14 años con el caso Watergate, qué sabía y cuándo supo el presidente sobre la venta de armas a Irán y el desvío ilegal de fondos a la contra. Reagan, convencido de que la mejor defensa es un buen ataque, pasó ayer a la ofensiva con un discurso pronunciado en Nueva York en apoyo de su política hacia Centroamérica. Reagan recalcó que abandonar a la contra "sería la mayor victoria de la política exterior [soviética] desde la Segunda Guerra Mundial". Pero el presidente, consciente de que el Irangate puede arruinar el futuro de la ayuda a los rebeldes antisandinistas, trató de redefinir una política hasta ahora puramente militar.

Nuevas revelaciones ponen en cuestión la idea de que el presidente actuó únicamente como una persona descuidada de los detalles y distante, que dejó hacer, delegando excesivamente y fue engañado por sus subordinados, tal como lo presentó el informe de la comisión Tower.El ex embajador en Costa Rica, Lewis Tambs, dijo ayer que la ayuda que prestó a la contra desde su puesto en San José fue por órdenes de altos funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la CIA. Citó específicamente a Elliot Abrams, brazo derecho del secretario de Estado, George Shultz, para la política hacia Latinoamérica en el Departamento de Estado. "Ahora la gente que nos dio órdenes está tratando de presentarnos como unos incontrolados. Esto es una locura", declaró Tambs a The New York Times.

También se ha descubierto en los últimos días que la Administración de Ronald Reagan consiguió que China y Polonia enviaran armas a los rebeldes antisandinistas. Un ex ayudante personal del presidente recibía 20.000 dólares al mes de los hombres de Oliver North para que facilitara entrevistas con Reagan a los millonarios que daban dinero para la contra.

El presidente se defiende afirmando que él sólo les agradecía su contribución financiera para pagar anuncios en televisión en apoyo de su política contra Nicaragua, pero desconocía que su dinero se empleara para armar a los rebeldes.

"El presidente sabía mucho más de lo que dice, y no era el espectador confuso que presenta la Casa Blanca", según se desprende de sus notas personales puestas a disposición del Congreso y de nuevos testimonios, afirma el presidente del comité especial de investigación del Senado, Daniel Inouye. No era un actor periférico, estaba activamente implicado y estimuló a sus subordinados a ayudar a la contra cuando el Congreso lo había prohibido, añade Inouye.

Once senadores y 15 miembros de la Cámara de Representantes sumarán sus esfuerzos a partir del martes, en sesiones conjuntas, para descubrir si el presidente y su Administración violaron la ley de una forma deliberada o simplemente todo fue, como trata de presentarlo la Casa Blanca, un caso de infinita incompetencia.

Las audiencias del Congreso dirigirán también sus esfuerzos a demostrar que la Administración engañó al Parlamento y utilizó abusivamente a la CIA y al Consejo de Seguridad Nacional en operaciones encubiertas y posiblemente ilegales, poniendo en manos de la iniciativa privada la política exterior norteamericana. El primer testigo será un personaje que hasta ahora no ha hablado y al que se considera crucial en la creación de la red privada de ayuda a la contra: el general retirado de la Fuerza Aérea Richard Secord.

Esta semana se confirmó que el Irangate fue más que un error, fue también un crimen. El fiscal especial del caso, el juez Lawrence Walsh, dictó el primer procesamiento en el escándalo por violación de leyes penales, contra Carl Channell, bajo la acusación de conspirar para defraudar al fisco, solicitando ayuda privada, exenta de impuestos, para armar a la contra.

Conspiración criminal

El teniente coronel Oliver North, el ejecutor de la venta secreta de armas a Jomeini y del desvío de fondos a los rebeldes nicaragüenses, ha sido citado por Walsh como cómplice de Channell. El fiscal especial, que trabaja paralelamente a la investigación del Congreso, está persuadido de que podrá probar la existencia de una conspiración criminal a los más altos niveles del Gobierno.

La Casa Blanca reaccionó inmediatamente el pasado jueves afirmando que Ronald Reagan "no forma parte de esa conspiración".

El escándalo, que ha paralizado una presidencia que había vivido una imagen de éxito ininterrumpido durante seis años, ha vuelto a las primeras páginas de los periódicos después de una tregua producida por el cansancio de una historia que ya tiene seis meses y que no originaba nuevas revelaciones de peso.

El almirante John Poindexter, ex consejero de Seguridad Nacional y principal arquitecto del desvío de fondos a la contra, declaró el sábado a puerta cerrada ante los abogados de los comités parlamentarios.

Poindexter, que ha conseguido una inmunidad limitada para contar todo lo que sabe, es el testigo clave de los que acusan al presidente de estar ocultando su participación en el escándalo. Al parecer, el almirante caído en desgracia ha dicho a sus amigos que está dispuesto a declarar que siempre actuó bajo estrictas órdenes de Reagan, al que al menos en dos ocasiones contó que se estaba desviando dinero procedente de Irán para armar a la contra, algo que el Congreso había prohibido.