La Unión Interparlamentaria, reunida en Managua, acusa a EE UU de agredir ilegalmente a Nicaragua

ENVIADO ESPECIALLa delegación del Congreso norteamericano presente en la reunión que acaba de clausurarse en Managua de la Unión Interparlamentaria no respaldó el llamamiento para que EE UU cumpla la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya que pide el cese de las acciones militares contra Nicaragua. Aunque los representantes norteamericanos dieron su voto afirmativo al conjunto de la resolución sobre Centroamérica, explicaron sus reservas sobre este punto y otro en el que e denuncia la "política de agresión ilegal" contra Nicaragua.

La resolución aprobada, que moralmente compromete al conjunto de los 86 Parlamentos asistentes a esta reunión, afirma que "Nicaragua continúa siendo objeto de una política de agresión ilegal en el marco de la cual las presiones diplomáticas, políticas y económicas, junto a las acciones militares, afectan a la soberanía y a la dignidad nacional de este país y violan las obligaciones impuestas por el derecho internacional". Asimismo, se afirma que "deben cesar", conforme exige la sentencia del tribunal de La Haya, "las acciones militares y paramilitares desplegadas en Nicaragua y contra Nicaragua".Las reservas mostradas por los delegados norteamericanos sobre estos dos puntos suponen que el Congreso de Estados Unidos no. asume el compromiso que exige el voto afirmativo y, por tanto, limita considerablemente el alcance práctico de la declaración, que ha sido considerada por otros delegados como favorable a Nicaragua.

Diálogo directo

En la sesión de clausura del sábado, la resolución aprobada por los 400 parlamentarios presentes en Managua desde el pasado lunes pide además el establecimiento de un diálogo directo entre los Gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos, el cese del apoyo exterior a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales que operan en la región, la firma inmediata del Acta de Paz de Contadora y el establecimiento de un pacto de no agresión entre los cinco países del área mediante una declaración unilateral.

Por solicitud de los parlamentarios norteamericanos se incluyó una recomendación para que se adopten "medidas efectivas para conseguir la reconciliación nacional, el total respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales", así como se menciona la preocupación de la Unión Interparlamentaria por la falta de libertad de expresión, de Prensa, de organización y de manifestación en algunos países centroamericanos.

No prosperó, sin embargo, un intento del grupo democristiano y conservador para que se hiciera pública una declaración en favor de la apertura del diario nicaragüense La Prensa, suspendido hace un año por las autoridades sandinistas por considerarlo defensor de las acciones militares extranjeras contra Nicaragua. Los parlamentarios socialistas se opusieron a una declaración en este sentido.

Nicaragua consiguió que no fuese incluido en la resolución el apoyo al plan de paz para Centroamérica presentado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, por entender que éste debe ser discutido en el marco del Grupo de Contadora.

La resolución sobre Centroamérica ha estado sustancialmente basada en el proyecto presentado por la delegación española, presidida por el diputado socialista Miguel Ángel Martínez.

El parlamentario español, como presidente del comité político donde se discutieron los temas de Centroamérica y de Oriente Próximo -y del comité de redacción encargado de elaborarlos documentos-, ha tenido un papel muy activo en esta reunión.

Su intervención ante el plenario fue de gran apoyo a Nicaragua y de crítica a algunos de los participantes en la reunión por la idea preconcebida y excesivamente crítica que traían contra el régimen nicaragüense.

Miguel Angel Martínez y el resto de la delegación -tres más del PSOE, dos de Alianza Popular y uno del Partido Demócrata Popular (Miguel Martínez Cuadrado, del Centro Democrático y Social, estaba invitado pero no asistió)- se han entrevistado en Nicaragua con representantes del Gobierno y de todos los partidos de oposición del Gobierno, así como con el arzobispo de Managua, el cardenal Miguel Obando.

En estas entrevistas, los dirigentes sandinistas expusieron a los parlamentarios españoles su intención de convocar elecciones municipales para el próximo año o principios de 1989.

El vicepresidente nicaragüense, Sergio Ramírez, reconoció en la conversación con la delegación española que el cierre del diario La Prensa había supuesto un alto coste político para el Gobierno y aseguró que el periódico volverá a ser permitido cuando se modifiquen las razones que obligaron a su suspensión.

De las entrevistas, Martínez dijo haber extraído la sinceridad de los dirigentes nicaragüenses en su voluntad de mantener el proyecto original de la revolución: pluripartidismo, economía mixta y no alineamiento.