Dos abogados piden una investigación sobre la fosa común hallada en Chile

ENVIADO ESPECIAL, Dos abogados chilenos, Hector Contreras y Nelson Castillo, presentaron ayer una denuncia ante el juzgado de Calama para que se realice una investigación sobre el "hallazgo decisivo" de osamentas humanas en una fosa que podría contener parte de los restos de 26 personas fusiladas el 19 de octubre de 1973, y cuyos; cuerpos nunca fueron entregados por las autoridades militares.

El escrito pide al tribunal que, a través de un trabajo científico, determine el número de individuos encontrados, su identidad, la cantidad de piezas localizadas, los elementos no óseos que están en la fosa, si ese fue el lugar de los fallecimientos, las causas de las muertes, y si se utilizó cal o explosivos para acelerar la desintegración de los cuerpos.

La identificación de los restos tardará al menos un mes. La fosa, situada a diez kilómetros de Calama, una ciudad en el desierto chileno, a 1.600 kilómetros al norte de Santiago, fue inspeccionada el lunes 20 por abogados, familiares de los ejecutados y periodistas. La acción de la Iglesia católica, organismos humanitarios y de los propios familiares de las víctimas ha permitido que, en Chile -a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos-, se realicen investigaciones de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, y no una vez concluida ésta.

Pero la mayoría de las investigaciones han terminado o bien en manos de una justicia, que no quiere seguir adelante, o bajo la ley de amnistía, que tendió un manto de olvido sobre los crímenes cometidos en los primeros años del régimen, según denuncian los abogados especialistas en derechos humanos. Es lo que ocurre con las osamentas ubicadas en Calama. Aunque fueran los restos de los fusilados no habrá un juicio contra los culpables, que ya fueron amnistiados.

Exterminio en el norte

La abogado Carmen Hertz, viuda del fusilado Carlos Berguer, declara que el exterminio de 72 militantes izquierdistas en cuatro ciudades durante 1973 -entre ellos, los 26 de Calamatuvo un objetivo político. "El régimen quiso aniquilar la disidencia y dar un escarmiento en el norte, donde la izquierda ha sido tradicionalmente fuerte. Eliminó directivas regionales completas del Partido Comunista, cuadros medios del Partido Socialista, dirigentes políticos y sindicales", afirma Hertz.Según la viuda, la ejecución masiva "fue un crimen de guerra, en que se exterminaron prisioneros indefensos, con ribetes genocidas, y que buscaba borrar de la faz de Chile a las víctimas y sus ideas". Quienes fueron autoridades militares de la zona. durante 1973 -actualmente están en retiro- se han declarado inocentes y culpan de los asesinatos a una comitiva militar conocida como la caravana de la muerte que llegó desde Santiago en helicóptero, encabezada por el general de ejército Sergío Arellano. Este último, sin embargo, también se ha declarado inocente.