La vista sobre la colza se reanuda hoy con el interrogatorio a Salomó

El juicio sobre el síndrome tóxico se reanuda hoy, martes de Pascua, día 21, con uno de los interrogatorios más esperados: el fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, iniciará la rueda de preguntas a la que se someterá el aceitero catalán Enric Salomó, para el que pide más de 10.000 años de cárcel. Salomó, cuya esposa fue asesinada en 1984, se encuentra en un mal estado de ánimo, según personas que le han tratado.

El fiscal sostiene que Enric Salomó compró en 1981 aceite de colza desnaturalizado a la empresa donostiarra Rapsa, propiedad de los Hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea. Tanto Rapsa como Aceites Salomó se dedican a comerciar con lubricantes, pero el aceitero catalán lo revende a Alabart Hermanos y a Aceites Valencia, a sabiendas -según el ministerio público- de que ambas son empresas que se ocupan en la distribución para el consumo humano.La ruta del aceite que supuestamente parte de los almacenes de Salomó es menos mortífera que la que tiene su origen en la empresa Raelca, de Alcorcón (Madrid), ambas derivadas a su vez de la importación que efectuó Rapsa, de San Sebastián (hermanos Bengoechea).

Una de las ramificaciones -la distribuida por Alabart Hermanos- causa presuntamente lesiones en 43 familias, pero ninguna muerte; y la otra -Aceites Valencia- provoca cuatro fallecidos y 176 familias afectadas.

El 17 de junio de 1981, Enric Salomó participó en la reunión de Zaragoza entre algunos de los que luego serían principales implicados en el proceso de la colza: los hermanos Bengoechea, el intermediario Jorge Pich y el aceitero catalán Ramón Alabart. Según el fiscal, esa entrevista tenía por objeto que Salomó informase a sus interlocutores sobre el resultado de sus refinos del aceite de colza desnaturalizado.

Los almacenes de Salomó registraron un incendio -"sospechoso", en opinión de algunas acusaciones particulares- el 20 de marzo de 1981. Este hecho y la detención posterior -el 31 de julio de 1981, en Reus (Tarragona)- dejan a Salomó prácticamente arruinado, y acaba vendiendo muchas de sus propiedades. En su día, el juzgado embargó al industrial catalán bienes por valor de 3.735.000 pesetas, que corresponden a su apartamento de Cambrils y 50 acciones de la empresa Tarragó Dochs. Una cantidad insignificante comparada con los cientos de millones que tendría que pagar como indemnizaciones si fuese condenado.