Comisiones no cotiza

COMISIONES OBRERAS, según el Ministerio de Trabajo, adeuda a la Seguridad Social, por cuotas impagadas en los últimos siete años y correspondientes a sus 500 empleados, más de 1.000 millones de pesetas. El ministro Manuel Chaves ha declarado que un embargo judicial sobre diversas cuentas de dicha central sindical por importe de unos 200 millones había sido iniciado hace un año. Marcelino Camacho ha calificado esta decisión como una clara represalia política ante el protagonismo que ha desempeñado CC OO en la actual oleada de conflictos.La coincidencia temporal avala la tesis de Camacho, quien, por otra parte, ha afirmado que las cifras del ministerio están hinchadas -la deuda sería- sólo de 600 millones de pesetas- y ha aprovechado la ocasión para reclamar una ley de financiación de los sindicatos similar a la que se tramita para los partidos. Desvelar estas cosas por parte del ministerio en un momento como éste parece, desde luego, toda una maniobra política, no por lícita menos sonrojante.

La cuestión principal, sin embargo, es otra. Aunque las deudas fueran mucho menores y las intenciones del Gobierno más torcidas, el asunto sobresaliente continuaría siendo cómo un sindicato que se reclama paladín de los intereses de los trabajadores puede dejar desamparados de esta forma a aquellos que se encuentran bajo su responsabilidad.

La falta de pago por determinadas sociedades de las cuotas empresariales a la Seguridad Social ha dado ocasión a numerosas protestas y conflictos, con frecuencia encabezados por los sindicatos. Ha habido empresarios acusados de apropiación indebida precisamente por no pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus empleados. El único argumento esgrimido por Camacho para excusar el pago de las cuotas es que, siendo los sindicatos asociaciones sin fines lucrativos, deberían estar exentos de cotización a la Seguridad Social. Es dudoso: la Seguridad Social hoy por hoy no es un impuesto, y si Camacho dice que lo es estaría dando la razón a las organizaciones empresariales. Pero en cualquier caso los sindicatos no están exentos de pagar esas cuotas, y la ley es igual para todos. A los empleados de Comisiones Obreras se les ha producido un daño al no pagar unas cuotas cuyo fallido puede afectar a los beneficios que les corresponden.

La naturaleza singular de los sindicatos debe reflejarse en un tratamiento fiscal diferenciado, pero no se ve por qué sus empleados hayan de recibir trato diferente. Ni tampoco se entiende por qué sus empleadores, los sindicatos hayan de verse liberados de la obligación de ingresar en las arcas públicas las cantidades con que los empleadores contribuyen a la financiación de la Seguridad Social, cuyo déficit actual de un billón de pesetas es soportado, mediante impuestos, por todos los españoles.

La crisis de los sindicatos, consecuencia del reducido marco de maniobra que les dejaron la crisis económica y las políticas de ajuste practicadas por los Gobiernos, conservadores o socialdemócratas, y manifestada en toda Europa en el descenso de la afiliación, explica las dificultades financieras de las centra les. De hecho, también los demás sindicatos tienen deudas con la Seguridad Social (115 millones USO, 40 millones UGT, 7 millones ELA-STV), pero, aparte de que las cifras son desiguales, todos ellos han negociado con la Administración, como cualquier empresa con dificultades de tesorería, moratorias y otros acuerdos en la regularización de la deuda. Comisiones Obreras no lo había hecho, y parece ingenuo escudarse ahora en la, supuesta o real, inquina del Gobier no para dejar de pagar. Las acusaciones de que el Gobierno se ha negado a esa negociación son lo suficientemente graves como para tener que probarlas antes de prestarles la más mínima credibilidad.

Tampoco tiene sentido relacionar esta actitud morosa con la insuficiencia de las subvenciones del Estado a los sindicatos. Es posible que las cantidades resulten pequeñas ante la crisis de desafiliación. Pero nada tiene ello que ver con las obligaciones laborales de una asociación de naturaleza privada -por sociales que puedan ser sus fines- para con sus empleados. A esta dejación, que recuerda mucho a las prácticas de la doble moral, sólo cabe tratarla mediante el pago y rehuyendo la demagogia.