El Gobierno andaluz aplicará la reforma agraria a través de planes concertados

El Gobierno andaluz reorientará la aplicación del programa de reforma agraria, desbloqueado por la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso presentado por Alianza Popular, mediante una intensificación en el uso de los instrumentos de fomento y promoción económica, según declaró ayer el presidente del Ejecutivo autonómico. También introducirá planes concertados que permitan negociar con los agricultores afectados los planes de mejora de las explotaciones y la orientación de los cultivos.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, afirmó ayer, en la primera valoración efectuada por el Gobierno regional sobre el contendido de la sentencia del Tribunal Constitucional, que Ios instrumentos de impulso y fomento afectarán a la mayor parte de los agricultores, y los instrumentos sancionadores previstos en la ley [expropiaciones de uso o de dominios] sólo a una minoría".Este planteamiento, en su opinión, no va a implicar una política restrictiva a la hora de acordar las expropiaciones de fincas en los supuestos de infrautilización recogidos por la ley. "La reforma agraria", aseguró el presidente de la Junta, "se va a aplicar con firmeza, porque sus objetivos están convalidados por la Constitución, pero también con serenidad y diálogo".

Marco comunitario

La principal novedad en la aplicación de la reforma agraria va a estar en la posibilidad de negociar planes concertados voluntarios con los agricultores que queden afectados por el impuesto de infrautilización de tierras o por la realización de planes forzosos de mejora, dos de las medidas previstas en la ley. En estos planes se negociará con la Administración la mejora de explotaciones, los objetivos de producción y la orientación de cultivos. Este programa permitirá la utilización de instrumentos financieros de la Administración o de la Comunidad Europea.Rodríguez de la Borbolla negó las acusaciones de la patronal Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (Fasaga) en el sentido de que la reforma agraria resulta inaplicable en el marco de la política comunitaria. Según el presidente de la Junta, la eliminación de las producciones excedentarias y la racionalización y concentración de explotaciones coinciden plenamente con la reforma de la política agraria de la CE.

Tras la promulgación de la sentencia del Tribunal Constitucional, los próximos pasos de aplicación de la reforma agraria previstos por la Consejería de Agricultura son la promulgación de los decretos de actuación para la Vega de Córdoba y la comarca de Estepa-Osuna, en la provincia de Sevilla. Estos decretos, que podrían ser aprobados antes del verano, incluirán nuevas expropiaciones de fincas. La Vega de Córdoba es una de las principales zonas de regadío de la región, con una extensión de unas 75.000 hectáreas y 120 fincas afectadas por la reforma agraria. Estepa-Osuna es una zona predominantemente de secano, donde existen grandes latifundios, con una extensión de 150.000 hectáreas y en la que 65 fincas se verán afectadas por la reforma.

El Gobierno andaluz tiene declaradas ocho comarcas como zonas de reforma agraria, con una extensión conjunta superior a 1.200.000 hectáreas y con 739 fincas afectadas. El Gobierno no tiene previsto declarar nuevas zonas por problemas presupuestarios y para aumentar la eficacia de los instrumentos financieros en las zonas ya elegidas.