El Gobierno de Ecuador amenaza con implantar el estado de emergencia para detener la violencia

El Gobierno ecuatoriano ha amenazado con declarar el estado de emergencia en todo el país si continúan los disturbios que durante la huelga general del miércoles causaron 14 heridos y un centenar de detenidos, entre ellos el corresponsal de la cadena de televisión norteamericana ABC. Los sindicatos convocantes del paro anunciaron que pedirán al Congreso el enjuiciamiento y destitución del presidente, León Febres Cordero.

La jornada de huelga estuvo marcada por los continuos enfrentamientos callejeros en distintas ciudades entre fuerzas policiales y manifestantes que apoyaban el paro de 24 horas convocado por el Frente Unitario de Trabajadores contra el alza de precios.La violencia afectó especialmente a Quito, donde durante toda la noche del miércoles al jueves estallaron cócteles Molotov. Los manifestantes atacaron con bombas caseras un retén de la policía, el Ministerio de Trabajo y varios bancos y hoteles de la capital ecuatoriana.

El ministro del Gobierno Luis Robles declaró que los manifestantes actuaron con "absoluto vandalismo", e informó que había sido atacado un transporte militar en Quito, como consecuencia de lo cual sufrieron quemaduras tres soldados que viajaban en él. Robles advirtió que el Gobierno detendrá esta violencia con la implantación del estado de emergencia si es necesario.

Durante toda la jornada de huelga, grupos de manifestantes cortaron el tráfico y encendieron hogueras en el centro de la capital, mientras que numerosos efectivos policiales apoyados por tanquetas intentaban restablecer el orden. Testigos presenciales relataron que en distintos puntos de la ciudad se habían producido disparos por parte de la policía y de civiles partidarios del Gobierno. Los heridos de bala son dos, según fuentes oficiales.

El ministro de Trabajo, Jorge Egas, que calculó en un 20% el seguimiento de la huelga, acusó a los sindicatos, que en su totalidad apoyaron el paro, de haber hecho una huelga política y no laboral, totalmente irresponsable dada la situación de crisis económica que vive el país tras el terremoto del pasado día 5, que provocó pérdidas por valor de 587 millones de dólares.

Por parte de los convocantes, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Chaves, afirmó que la huelga había paralizado completamente el país y mostrado claramente la oposición popular a la política económica del Gobierno. La huelga había sido especialmente convocada para protestar por las medidas de emergencia impuestas por el Gobierno tras el terremoto, que incluyen la subida de los combustibles en un 80% y de los transportes en un 25%.

El Gobierno advirtió que la huelga había sido declarada ilegal y procederá judicialmente contra los organizadores. También aseguró que las medidas económicas no serán modificadas.

La jornada supuso también la reaparición del general Frank Vargas, protagonista de tres levantamientos militares el año pasado, quien pidió el apoyo para el paro por medio de una declaración difundida por Radio Quito. Vargas calificó de "dictador" al presidente Febres Cordero y llamó a la población a "luchar por una patria libre y soberana".