El alcance de la segunda reconversión

La autorización de la Comisión Europea a las ayudas solicitadas por el Gobierno español constituyen la luz verde a lo que se ha dado en llamar segunda fase de la reconversión de la siderurgia o, en lenguaje oficial, "reajuste permanente" y "adaptación competitiva" de este sector en crisis. España pasará a participar plenamente de la política de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en enero de 1989. Cuenta pues con menos de dos años para hacer competitiva a la siderurgia, ya que a partir de entonces las ayudas oficiales estarán prohibidas.

El Gobierno destinará, como mínimo, 223.000 millones de nuevas ayudas oficiales para el saneamiento de las empresas de siderurgia integral y de aceros especiales, con una reducción global de plantilla de 4.898 trabajadores. A ello hay que añadir la reestructuración de la veintena de empresas de acero común, cuya negociación será posterior. Aunque nada ha sido fijado para este subsector y todo depende del acuerdo previo entre las empresas, se barajan ayudas al cierre de más de 40.000 millones de pesetas y una reducción de plantilla que superará los 3.000 puestos de trabajo. Por la magnitud de las ayudas públicas y la cuantía de los excedentes laborales, esta segunda fase de la reconversión siderúrgica representa más de la mitad de lo hecho en 1984.

Lo que el Ministerio de Industria se plantea de inmediato es el saneamiento financiero y la reducción de empleo en las dos siderúrgicas integrales (Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya), las cinco empresas de aceros especiales que forman el grupo Acenor 31 la del INI, Forjas y Aceros de Reinosa (Foarsa). Casi la mitad de las ayudas proyectadas (110.000 millones de pesetas) irán destinadas a Altos Hornos de Vizcaya, empresa que no puede hacer frente a los créditos contraidos y en la que no están previstos cierres de instalaciones.

España está obligada por el Tratado de Adhesión a reducir su capacidad siderúrgica instalada a 18 millones de toneladas. Este recorte está cuantificado por la Comisión Europea en 3,2 millones, aunque Industria siempre ha defendido que la capacidad teórica actual de algo más de 21 millones está hinchada. La producción española de acero fue en 19,86 de 12,8 millones de toneladas, de las que el consumo interno absorbió algo más de la mitad. El Gobierno, amparándose en las razones de un mercado deprimido, pareció aceptar la recomendación de la CE de una reducción superior a los tres millones, si bien siempre calificándola de simbólica.

Nuevos reajustes

El cuánto de ese cierre añadido de las instalaciones productivas actuales está aún por precisar, porque la cifra global de más de tres millones de toneladas está sometida a la reestructuración del subsector de acero común, que padece también una sobredimensión de producciones y plantillas. Sorprende que la Comisión Europea haya ofrecido a España la posibilidad de utilizar 60.000 millones más de los solicitados (283.322 en lugar de 223.322 millones de pesetas).

El ministro de Industria, Luis Carlos Cropissier, avanzó ante el Congreso que Ensidesa y las empresas de aceros especiales reducirían su capacidad en 870.000 toneladas. El resto parecía corresponder al acero común. Ahora la CE habla ya de 3.950.000 toneladas, a las que habría que añadir otras 200.000 si se conceden esos 60.000 millones de subvenciones adicionales.

La permisividad en ayudas está vinculada a un mayor cierre de instalaciones, por la presión de las restantes siderúrgicas europeas, enfrentadas a un nuevo recorte de capacidad de 11 millones de toneladas. Si la CE tiene razón, la reducción prevista por el Gobierno crecerá en un millón de toneladas, lo cual va a obligar a nuevos reajustes del reajuste.