Polémica en Salamanca sobre la utilización del puente Romano

La necesidad social y económica del municipio de Salamanca, en el que cada verano, desde hace seis, 25.000 personas soportan restricciones de agua mientras sus 130.000 conciudadanos carecen de problemas de esta índole, ha provocado una fuerte polémica sobre la utilización del puente Romano como soporte de una conducción hidráulica que solucione, según los técnicos, los problemas de varias barriadas periféricas. Las denuncias por el deterioro del puente Romano de Salamanca -2.000 años resistiendo el tráfico del Camino de la Plata y, aunque sólo en parte, el empuje de las aguas del Tormes- pueden llegar a la Unesco.

De momento, este problema ya ha provocado, además de las primeras reacciones de organismos internacionales defensores del patrimonio histórico de la humanidad, la visita del Defensor del Pueblo a Salamanca. También ha hecho responder al ministro Solana una pregunta parlamentaria y ha suscitado la polémica y, sobre todo, las referencias continuas a una nueva asociación de vecinos que enarboló la paralización de las obras como su primer objetivo.El puente Romano de Salamanca tiene una longitud de 356 metros. De sus 26 arcos, 14 y medio son originales, del siglo I, y el resto se realizó en 1676 para sustituir la parte derribada por la crecida de San Policarpo, ocurrida siglo y medio antes.El problemano es secillo. El arquitecto municipal encargado del Plan Piloto del Barrio Antiguo y de las cuestiones urbanísticas relacionadas con la zona monumental de Salamanca, Alberto López Asenjo, afirma que "ójala no tuviera que utilizarse el puente", pero, según él, de cualquier forma, alojar una tubería de 30 centímetros de diámetro no daña ni perjudica ningún elemento sustancial, pilar, arcos, espigones, pretiles o paramentos verticales, porque se ha introducido en una zona neutra, de relleno, superpuesta al pavimento original posiblemente romano.

Los antecedentes de esta polémica, que va a reabrirse ahora, con la vuelta del verano, están en la incapacidad de suministrar agua a seis barrios que se encuentran en la margen izquierda del Tormes, separados del centro de la ciudad por el río salmantino. Hasta hace pocos años, sus habitantes y los de algunos edificios colindantes se abastecían del agua que proporciona una depuradora municipal que se encuentra en la zona, pero en la actualidad no es suficiente. El coste de una instalación de las características necesarias para cumplir el objetivo en los barrios transtormesinos ha pospuesto la obra hasta final de siglo.

Por ello, los técnicos afirman que es imprescindible y trasvasar el agua desde la depuradora que se encuentra en el otro lado de la ciudad. El año pasado, el problema se planteó con urgencia. Y el ingeniero Javier Rodríguez ofreció varias posibilidades: tuberías a través de los otros dos puentes que existen -que en la medida de lo posible ya se utilizan-; conducciones bajo el río o sobre él de varias formas. Pero la urgencia, el coste económico y el deterioro estético de la imagen característica de la ciudad, con su río en primer plano y sus catedrales detrás lo desaconsejó. Finalmente, se optó por introducir a través del puente Romano una tubería de 30 centímetros que completaba el sistema de mallas, y se descubrió que existían entonces otra tubería más de hace años y una conducción de agua construida en piedra.Paralización de las obras

La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castílla y León ordenó la paralización de las obras ante la falta de unanimidad entre los miembros de su delegación en Salamanca para autorizar la obra. El Ayuntamiento no había cumplido tampoco con la solicitud necesaria antes de iniciar la zanja, aunque los planteamien tos del arquitecto territorial Pío García Escudero, que siguió los trabajos, no diferían de los de su colega municipal. A finales de junio de 1986, una nueva asociación de vecinos Tenerías-Universidad comenzó a oponerse a los trabajos; consideraba que la zanja realizada a lo largo del puente era un expolio, y acusaba al Ayuntamiento de atentar contra el monumento y, por tanto, contra la ley de Patrimonio. Sus planteamientos, apoyados por un representante de AP, fueron superados por los del Partido Comunista de España en una reunión programada por la asociación con grupos y partidos. El representante comunista llegó a decir que el Ayuntamiento delinquía e inició una campaña de recogida de firmas en los meses siguientes.

Uno de los expertos que se han opuesto a estas obras es el director del Museo de Salamanca, inspector arqueológico y miembro de la comisión de Patrimonio, Manuel Santonja, que sostiene la necesidad de aplicar soluciones alternativas y de no utilizar para este fin el puente Romano, uno de los pocos restos de esta época en la capital. También afirma que en las obras se ha destruido un pavimento del siglo XVII.Poco después, la Dirección General de Patrimonio, que había paralízado las obras, las autorizó provisionalmente por un año. Dentro de unos meses se cumple este plazo dado al Ayuntamiento para que presente un proyecto definitivo para solucionar el problema.Las protestas han continuado. Javier Solana contestó el mes pasado a una pregunta parlamentaria planteada por una diputada del PDP, Pilar Fernández Labrador, afirmando que las obras son legales y competen a la Junta de Castilla y León. La oposición al funcionamiento de la tubería volverá en cuanto el calor apriete y los barrios transtormesinos necesiten agua. Y este año, posiblemente con más dureza, formarán parte de la campaña electoral. De cualquier forma, la polémica sobre la actuación en monumentos, en una ciudad que vive en parte de su patrimonio histórico, sobrepasa las de otro tipo. Y no será la primera vez que decisiones oficiales provocan estos conflictos.

Un informe elaborado por Manuel Santonja para la Dirección General de Patrimonio recuerda que, a raíz de la reforma del puente en 1852, la Comisión de Monumentos fue depuesta por una real orden.