Febres Cordero acusa a sus secuestradores de haber intentado asesinarle

El presidente ecuatoriano, León Febres Cordero, ha acusado a los soldados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que le secuestraron durante 11 horas el pasado 16 de enero de haber intentado asesinarle. Febres Cordero, que fue liberado a cambio de la promesa de no tomar represalias, envió una nota, con esta acusación, a los jueces de consejo de guerra que se inició el jueves contra los secuestradores en el fuerte militar de Atahualpa.

El juicio comenzó en un ambiente de gran tensión, con una veíntena de soldados apostados en el interior de la sala y por lo menos 12 tanques vigilando el exterior. El Gobierno teme que partidarios del general Frank Vargas Pazzos, cuya liberación fue conseguida por los amotínados en febrero y que se encuentra desde entonces en la clandestinidad, intenten alguna acción armada para liberar a los acusados.Febres Cordero envió en la primera sesión del juicio una declaración escrita en la que afirma que sus secuestradores le zarandearon, le golpearon y le pusieron una pistola contra la cabeza. En su declaración, Febres dice que tras su secuestro fue forzado a subir a un autobús y llevado a una capilla de la Fuerza Aérea, donde un soldado, identificado como Pedro Loor, intentó asesinarle. En el secuestro resultaron muertos dos guardaespaldas de Febres.

Los rebeldes habían pensado inicialmente en bombardear el palacio presidencial, la sede del Gobierno provincial de Guayas o el cuartel militar de Epiclachima, o bien secuestrar a una hija o a una nieta del presidente, para lograr la excarcelación del general Vargas, pero optaron al final por el secuestro de Febres, según reveló en una declaración por escrito el principal cabecilla de la revuelta, el capitán John Maldonado.

La defensa considera que el juicio ha sido convocado con excesiva rapidez, lo que no ha permitido preparar adecuadamente las pruebas, informa Ramón Gorriarán desde Bogotá.

El consejo de guerra, con cinco coroneles de la FAE como jueces, se celebra a 30 kilómetros al sur de Quito, en el fuerte Atahualpa, propiedad del Ejército. Este hecho extrañó a los abogados defensores, sorprendidos de que no se haya celebrado en instalaciones de la FAE, arma a la que pertenecen jueces y acusados.

Febres Cordero fue secuestrado el pasado 16 de enero por comandos paracaidistas en Guayaquil, en el suroeste del país. Trasladado a la base aérea de Taura, 416 kilómetros al oeste de Quito, el presidente fue liberado 11 horas después. Para lograr su libertad, Febres Cordero se comprometió a permitir liberación del ex comandante de la FAE, Frank Vargas, y dio su palabra de no tomar represalias.

Vargas protagonizó en marzo del año pasado dos rebeliones contra altos mandos militares, a los que acusó de corrupción en la compra de un avión y pidió la dimisión de Febres. Pero las dos sublevaciones fracasaron. Vargas fue arrestado y se le acusó de rebelión. Sin embargo, Febres Cordero, durante su secuestro, amnistió a Vargas de los cargos de rebelión.

Vargas, en la clandestinidad

Desde que fue liberado, el ex comandante de la FAE permanece en la clandestinidad. Ha anunciado su intención de presentarse como candidato presidencial en 1988. Varios partidos izquierdistas de escasa relevancia han expresado su respaldo a la probable candidatura de Vargas.En declaraciones a este diario (véase EL PAÍS del pasado 25 de enero), el militar declaró sentirse solidario con los sublevados, y, tras acusar a Febres Cordero de incumplir su palabra de no tomar medidas contra los rebeldes, advirtió que seguiría luchando desde la clandestinidad y que estaba dispuesto a "hacer algo" por los paracaidistas. "Yo no puedo ser indiferente; debo hacerlo, tengo que hacerlo", dijo, y agregó que los soldados actuaron así "por lealtad al recuerdo de cómo yo mandé las fuerzas".

Tres oficiales y 79 soldados del cuerpo de paracaidistas fueron detenidos al día siguiente del secuestro y trasladados a cinco recintos militares. Dos de los oficiales, que aseguran que actuaron como mediadores en la solución del secuestro, fueron puestos en libertad, aunque deben responder por cargos ante el consejo de guerra. El tercero, el capitán Maldonado, ingresó en una prisión castrense junto al subteniente Eduardo Pin y el resto de los sublevados.

Los cargos contra los secuestradores de Febres Cordero son de sedición y atentado a la seguridad del Estado, delito que en la legislación militar ecuatoriana está castigado con penas de hasta 16 años de reclusión. Los abogados defensores estiman que el juicio será muy largo, puesto que cada caso será analizado de forma individual, con lo que se deberá atender a 81 acusaciones con sus correspondientes alegatos. La defensa mantiene que muchos de los acusados son inocentes porque no estaban en la base de Taura cuando Febres fue secuestrado.

La oposición de centro e izquierda, que tiene la mayoría en el Congreso, ha mantenido silencio ante el proceso.