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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La cólera del campo

CUANDO SE cumple el primer aniversario de la entrada de España en el Mercado Común y el décimo de la gran protesta agraria del inicio de la transición, los tractores han vuelto a salir a la calle. Y siguen reivindicando casi los mismos puntos que provocaron las anteriores protestas: la supresión de las cuotas lecheras, la devolución del impuesto sobre el gasóleo y el establecimiento de las 14 pagas para todos los pensionistas del campo. Los agricultores y ganaderos no han variado sus exigencias, como tampoco ha cambiado la actitud de la Administración. El ministro de Agricultura, Carlos Romero, ha afirmado que se sentará a negociar, pero los agricultores aún no han recibido ninguna señal de que sea cierto. La entrada en la Comunidad no ha tenido un impacto excesivamente negativo para los agricultores españoles, que, por el contrario, han visto cómo los precios que perciben han subido un 10,3%, mientras que sus costes sólo han crecido un 3,7%, gracias sobre todo a la: caída de los precios de la energía.Después de las manifestaciones de la pasada semana, y cuando se pensaba que se abría un período de negociaciones, el Ministerio de Agricultura se limitó a convocar a algunos ganaderos de Cantabria y Asturias para discutir sobre el problema de las cuotas de producción lechera. Esta limitación sectorial del diálogo, aunque el agricultor español no se encuentre en su peor momento, puede llevar a nuevas movilizaciones, tal como acaban de advertir las organizaciones que se sienten desplazadas.

Cuando más de 20.000 tractores salen a la calle en Ciudad Real y Toledo, miles de agricultores paralizan el campo en el Duero y Madrid y otros miles se manifiestan en Galicia y Zaragoza, el ministro de Agricultura no puede seguir diciendo que "las protestas de algunos agricultores nada tienen que ver con la realidad del sector".

Es cierto que hasta que no se convoquen elecciones en el campo nadie puede saber quiénes son los legítimos representantes de los agricultores, y de ahí las dificultades de la Administración para encontrar un interlocutor válido. Pero tratar de esquivar el problema tachando a unas organizaciones (UFADE, Jóvenes y CNAG) de derechistas, a otras (COAG) de comunistas y confiar sólo en sus buenas relaciones con UPA-UGT no parece vía para buscar un acuerdo.

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