Los argentinos, bajo el síndrome del 23-F español

Argentina vive pendiente de que las cámaras federales de justicia civil (tribunales supremos de las provincias) dicten procesamientos y arrestos preventivos contra jefes y oficiales en activo de las tres armas. Parece inevitable un encontronazo entre el Gobierno democrático y la conspiración militar, que se opone a la continuación de los juicios contra los violadores de derechos humanos. El síndrome del 23-F español se recuerda aquí explícitamente.

La moratoria brasileña de su deuda externa, los aumentos de precios básicos en más de un 7% y hasta los rumores de reajustes en el Plan Austral han perdido importancia en Argentina ante las tensiones entre el Gobierno y la Justicia de una parte, y entro el Gobierno y la Justicia -conjuntamente- con los militares.El Gobierno que preside el doctor Raúl Alfonsín ha presionado sobre las cámaras de justicia y sobre los fiscales federales para que circunscriban los procesamientos de militares prácticamente a los casos que clamen al cielo y para que espacien en el tiempo las citaciones.

Por su parte, los cuadros militares medios, entre comandante y coronel (o sus equivalentes en las otras dos armas), conspiran activamente para impedir que camaradas suyos en activó comparezcan ante los tribunales. Aducen que estos futuros procesados habrían revistado durante los años de la guerra sucia contra la subversión como tenientes o capitanes y que no habrían hecho otra cosa que acatar órdenes superiores, por lo que les ampararía la ubicua obediencia debida, que tanto sirve para resistir en una posición malvinense al Ejército inglés como para picanear a una embarazada sospechosa de izquierdismo. Las noticias provenientes de los apostaderos navales indican que algunas unidades de la Armada podrían llegar a autoacuartelarse en sus bases o en sus buques para impedir la salida de sus camaradas que resulten procesados. Las emisoras de radio y televisión del Estado recordaron ampliamente el pasado lunes el 23 de febrero español, poniendo énfasis en la cerrada defensa de la sociedad española ante la involución militar.

El secretario de Justicia, Ideler Tonelli, reconoció la inquietud militar, pero confirmó la decisión del Gobierno. "El presidente Alfonsín", afirmó, "fijó con mucha claridad cómo aplicará el mandato que le viene de la Constitución como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Quienes no se presenten ante los tribunales y carezcan de justificativos serán considerados en rebeldía. Además, serán responsables del cumplimiento de la medida judicial los superiores jerárquicos de los citados".

Contactos con la oposición

El ministro del Interior, Antonio Tróccoli, uno de los hombres de confianza de Alfonsín, está manteniendo contactos acelerados con dirigentes de la oposición -peronistas históricos, peronistas renovadores, liberales de la Unión de Centro Democrático y los nacionalistas de izquierda del Partido Intransigente- para tenerles informados de la situación en los cuarteles.Hasta ayer, el goteo de citaciones judiciales recibidas en el Ministerio de Defensa alcanza a 133 oficiales y siete civiles, presuntamente implicados en los excesos de la represión militar.