Los chilenos, por primera vez desde el golpe de Pinochet, pueden inscribirse para votar

Los registros electorales chilenos, destruidos por los militares tras el golpe de Estado de 1973, fueron reabiertos ayer en todo el país, como parte del proyecto de democratización limitada impulsado por el régimen. Esta vez, el general Augusto Pinochet fue uno de los primeros en inscribirse en una de las 514 juntas del censo instaladas en todo el país. La oposición, embarcada en una campaña para exigir elecciones libres, se ha dividido, sin embargo, frente a esta iniciativa: el centro-derecha alienta la inscripción, mientras la izquierda la rechaza.

De acuerdo con la nueva ley electoral aprobada por la Junta Militar de Gobierno, 8,2 millones de chilenos, mayores de 18 años, que no tengan antecedentes de conductas terroristas ni postulen doctrinas totalitarias basadas en la lucha de clases, podrán formalizar su derecho a voto. La masa de electores representa el 68% de la población total de Chile, calculada en 12 millones de acuerdo al censo de 1982. De esos electores, sólo 3,65 millones han votado alguna vez en su vida.Este hecho, calificado de "histórico" por el ministro del Interior, Ricardo García, constituye la primera cristalización de uno de los capítulos de las leyes políticas aprobadas el año pasado por el régimen militar, en el marco de lo que ha denominado "normalización institucional". El apresuramiento del Gobierno por poner en marcha la ley de censo electoral fue atribuido por fuentes diplomáticas en Santiago a un esfuerzo por mejorar su imagen interna y externa.

A pesar de las fuertes críticas que la oposición en su conjunto ha formulado a las normas oficiales, los partidos de izquierda moderada, centro y derecha agrupados en la opositora Alianza Democrática pidieron a sus militantes y simpatizantes inscribirse en el censo. En un pronunciamiento oficial, este conglomerado, cuyo principal partido es la Democracia Cristiana, manifestó que ello constituía "un paso necesario en la lucha por las elecciones libres". Destacó, sin embargo, que tenía conciencia de que esta ley no representaba un "instrumento jurídico que conduzca a la democracia". El dirigente democristiano Ricardo Hormazábal justificó esta decisión afirmando que no basta quedarse en el rechazo y que la acción de inscribirse demostrará que se quiere "votar ahora".

La coordinadora de los partidos de izquierda, integrada por 12 colectividades -entre ellas el Partido Socialista de Ricardo Núñez, que antes pertenecía a la Alianza Democrática-, propuso rechazar la inscripción e insistió en la necesidad de que la oposición tenga "una sola conducta frente a los intentos de institucionalización y perpetuación del régimen".

Aunque el representante del partido socialista de Núñez suscribió esa declaración en la coordinadora de la izquierda, miembros de la comisión política de su partido manifestaron que correspondía sólo a su posición personal. Patricio Hales, portavoz de! Partido Comunista, dijo a EL PAÍS que la apertura del censo electoral era una maniobra de la dictadura para hacer polemizar a la oposición. "Se trata de hacer vacilar a algunos sectores con leyes que no son más que una trampa para perpetuar al régimen", afirmó.