El lujo de encontrar piso en Santiago

La vivienda en Santiago es, sin lugar a dudas, la más cara de toda Galicia, según un informe de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Xunta. En La Coruña, el alquiler de un piso medio oscila entre 18.000 y, 50.000 pesetas, y en Vigo, entre 18.000 y 45.000 pesetas; pero en la capital gallega, los precios van desde 30.000 hasta 60.000 pesetas. El informe no recoge cálculos sobre los alquileres Ilegales, que las dos organizaciones estudiantiles (AEPG y CAF) evalúan entre 80.000 y 120.000 pesetas.

Estas cuotas ilegales tan altas las alcanzan los especuladores compostelanos al arrendarles por camas, con dos o más en cada habitación, sin declarar los pisos a Hacienda como pensiones. Su prepotencia es tanta que un propietario declaraba: "No le tenemos miedo al fisco, porque, en caso de que interviniese, tendría que sancionar a media ciudad".También es significativa la diferencia en el precio de venta de las viviendas. El metro cuadrado de un piso medio se sitúa entre las 50.000 y las 60.000 pesetas en Vigo y en La Coruña; y entre 60.000 y 80.000 pesetas en Santiago, según recoge el informe. La oferta de viviendas de protección oficial no resiste una comparación. La primera de las ciudades mencionadas tiene disponibles 893; la segunda, 57, y Santiago, ninguna.

Las principales causas de la escasez y encarecimiento de la vivienda en Compostela son, además de la falta de pisos de renta limitada: la ausencia de un plan de ordenación urbana que impide el desarrollo de la construcción ordenada, el rápido crecimiento de la población estudiantil y el aumento de funcionarios al instalarse en la ciudad la Administración autónoma.

Si los precios son altos, la calidad de las viviendas es de las más bajas de Galicia, principalmente por dos razones: la falta de un plan especial para el casco histórico dificulta su acondicionamiento en esta zona de la ciudad; por otro lado, el Ensanche, que fue construido a finales de los años sesenta y a principios de la siguiente década, en un momento de total descontrol urbanístico, presenta numerosas deficiencias.

La escasez y altos precios de los pisos en Santiago, la insalubridad y malas condiciones en las que se encuentran, unida a la pasividad de las instituciones, han estado a punto de hacer estallar una protesta generalizada de los estudiantes. La situación se va agravando, al crecer el número de alumnos en un 20% anual y al incorporarse a los servicios centrales de la Xunta cerca de 1.000 funcionarios.

No obstante este crecimiento, la construcción de residencias universitarias y viviendas particulares se encuentra paralizada, en espera de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva ya siete años adjudicado a la empresa Idasa-Torroja, sin que hasta ahora lograse que le fuesen aprobados los seis avances que ha presentado. Tanto las instituciones (Xunta y universidad) como sectores ciudadanos y estudiantiles atribuyen el grave déficit de viviendas que la ciudad sufre a la falta de planeamiento urbanístico de la anterior corporación socialista. El consejero de Ordenación del Territorio, Fernand Pedrosa, lo cifró en 10.000 para el período 1985-1990, en una de las dos veces que el problema llegó al Parlamento gallego. El consejero manifestó que, en el mejor de los casos, con el PGOU aprobado, en ese quinquenio la oferta irá en 400 pisos por debajo de la demanda.

Los universitarios también ven un futuro negro. El presente ya lo es. De los 45.000 estudiantes que se matricularon este curso en la universidad gallega, cerca de 30.000 se han visto obligados a buscar alojamiento en la ciudad. Las residencias dependientes de esa institución, con un total de 1.500 plazas, no cubren más que el 5% de las necesidades. Los que no tienen un buen nivel académico y económico para optar por alguna de ellas deben pasarse el verano buscando piso.

Una vez apalabrado, son muchas las dificultades. "Nos encontramos con unos precios desorbitados, la comisión de la inmobilliarlia, la fianza y la mensualidad por adelantado", apunta Alberto, miembro de los Comités Abertos de Facultade (CAF). La picaresca de los arrendatarios se ha hecho norma: el precio está en función del número de estudiantes que lo alquilen.

Después de muchos años de pasividad, la Universidad ha creado una comisión para abordar los problemas de alojamiento; la Xunta echa las culpas al Ayuntamiento por no haber aprobado el PGOU en siete años, y el alcalde, Ernesto Viéitez, de AP, anuncia que en marzo presentará ese documento.