Un arma de doble filo contra la cocaína

Quince colombianos, presuntos narcotraficantes, han sido puestos en el último año en manos de la justicia de Estados Unidos en virtud de un tratado de extradición que no existe legalmente. Este absurdo jurídico ilustra una situación complejísima en la que el Gobierno se ve obligado a hacer uso de una ley contestada por numerosos sectores en el interior del país -que no quieren entregar sus delincuentes a Estados Unidos-, pero que constituye la única arma contra los poderosos dueños del negocio de la producción y venta de cocaína.

El caso más sonoro y más reciente fue el de Carlos Lelider, uno de los más conocidos narcotraficantes, que fue enviado a Miami a principios de este mes sólo diez horas después de su detención. Otro medio centenar de colombianos que la DEA (agencia norteamericana para la lucha contra los narcóticos) considera responsables de la introducción de cocaína en Estados Unidos están reclamados por los tribunales de es país.El pasado miércoles, el Tribunal Supremo de Colombia consideró que el tratado de extradición es, "inaplicable" por cuanto "es inexistente la ley que lo adoptó y reglamentó". El Tribunal Supremo entiende que ley no puede ser aplicada por que cuando entró en vigor, en 1980, no fue ratificada por el entonces presidente Julio César Turbay Ayala, como reglamentariamente era necesario, sino por el ministro de Gobierno.

Para corregir este defecto, el actual presidente, Virgilio Barco, ratificó la ley el mes pasado El Tribunal Supremo ha insistido, sin embargo, en que este procedimiento no es legítimo y mantiene la inaplicabilidad del tratado de extradición. El Gobierno piensa seguir utilizándolo cuando seá necesario, pero los magistrados han advertido que no se volverán a pronunciar más sobre casos de personas reclamadas por la justicia norteamericana.

Cuando el Tribunal Supremo hizo su primera declaración contra el tratado de extradición varios de los más conocidos narcotraficantes celebraron una fiesta en una discoteca de Medellín.

Los dueños de la industria de la cocaína se sienten cómodos, dentro del aparato legal colombiano, que son capaces de manejar en su favor a base de amenazas y sobornos, y sólo se sienten realmente débiles cuando se encuentran frente a la posibilidad de ser entregados a Estados Unidos.

Jorge Luis Ochoa, acusado de narcotráfico tanto en Colombia como en Estados Unidos, consiguió la libertad provisional a los dos meses de llegar a su país procedente de España, que lo retuvo durante año deshojando la margarita de si enviarlo a Colombia o a Estados Unidos.

Un mal menor y necesario

El tratado de extradición es en estos momentos, a juicio de expertos colombianos, un mal menor y necesario. La mayoría de las fuentes consultadas en Colombia coinciden en que se trata de un texto repleto de errores que afecta gravemente a la soberanía de Colombia.El problema es, como dicen los hermanos Fernando y Juan Guillermo Cano, hijos del director del periódico El Espectador asesinado, que "a este paso, pronto no vamos a saber qué soberanía estamos defendiendo, porque lo que hay ahora no es de Colombia, es de ellos, que quieren adueñarse del Estado y controlarlo en su propio beneficio".

Los detractores del tratado esgrimen, entre otras razones, que se trata de un texto que puede aplicarse a cualquier colombiano, sea o no narcotraficante. Son muchos los que piden su reforma, entre ellos algunas víctimas de la mafia, como el diputado Alberto Villamizar, que en octubre salvó la vida en un atentado y ahora ha sido nombrado embajador en Indonesia, huyendo de las amenazas.

Otro diputado, Ernesto Samper, que anteriormente había defendido la legalización de la marihuana, cree que "políticamente, en las circunstancias actuales, es una necesidad, pero jurídicamente hay serias reservas". "Es una entrega de soberanía que coloca a los colombianos en inferioridad de condiciones para ejercer su derecho de defensa", opina Samper.

Abogados y políticos colombianos denuncian que las personas entregadas a Estados Unidos son objeto de malos tratos y se ven privados de su derecho a un proceso judicial en las condiciones debidas. "No nos negamos a que se les juzgue, pero que se haga justa mente y sus derechos sean respetados", opina Samper.

También este diputado miembro del Partido Liberal en el Gobierno, es partidario de reformar el tratado. "El país tiene que defenderse con una respuesta política, que es el tratado de extradición, lo cual no quiere decir que el tratado no tenga que ser revisado", opina

Los partidos políticos de izquierda y las organizaciones guerrilleras, que se sienten también posibles víctimas del tratado, piden abiertamente que sea derogado.

Disparos de un solo lado

Todos reconocen, sin embargo, que prescindir del tratado equivaldría actualmente a quedar desarmado ante el narcotráfico en una guerra desigual. "Estamos en una guerra donde sólo se dispara desde un lado", dice el diputado Villamizar.La guerra actual es la tercera que los tres últimos Gobiernos colombianos han declarado a la mafia del narcotráfico.

La primera fue precisamente la que dio origen al tratado de extradición, cuando el presidente Julio César Turbay, antecesor de Belisario Betancur, tuvo que defenderse de las acusaciones de connivencia con el narcotráfico desencadenando una fuerte represión contra la mafia y firmando en 1979 el convenio sobre el que ahora se polemiza y por el que desde entonces se mata.

Muchos de los crímenes ocurridos en Colombia desde esa fecha en conexión con el narcotráfico parecen directa o indirectamente relacionados con el tratado de extradición, desde el del ministro de Justicia Rodrigo Lara en 1984, hasta el del periodista Guillermo Cano, quien dos días antes de su muerte en el mes de diciembre pasado había publicado un artículo defendiendo la inevitabilidad del convenio con Estados Unidos.

Una segunda guerra contra la mafia fue llevada por Belisario Betancur después del asesinato de Lara, y actualmente se combate en la tercera guerra, cuyo inicio fue el asesinato en diciembre del director de El Espectador.

Las cifras de esta guerra son aparatosas: casi 2.000 fincas ocupadas; otros tantos detenidos; 500 personas puestas a disposición judicial; 150 toneladas de marihuana destruidas, 81.000 matas de coca quemadas; 500 kilos de cocaína decomisados; casi 1.000 hectáreas de plantaciones de narcóticos arrasadas; 16 laboratorios para la producción de cocaína inutilizados; 25 aviones, cuatro helicópteros, 76 vehículos terrestres, 47 equipos de radio y 800 armas cortas y largas incautadas

Respaldo internacional

Es difícil, sin embargo, pasar de estas cifras a la completa eliminación del problema. "Mientras no haya colaboración ciudadana y respaldo internacional será imposible acabar con este flagelo", opina el procurador general, Carlos Hoyos, que ha pedido a la población que le envíen todo tipo de pruebas que permitan el arresto de los narcotraficantes.El procurador opina que una de las medidas necesarias para acabar con las drogas sería la "investigación de los capitales hechos de la noche a la mañana".

Casi todas las fuentes consultadas coinciden en que la represión por sí sola no sería suficiente para solucionar el problema. "La represión desencadenaría una ola de violencia y contraviolencia que no podrían soportar las instituciones de este país y se crearía un vacío que sólo podría llenar el Ejército", cree un periodista conocedor del tema.

Ernesto Samper estima que "si la represión no se combina con una acción internacional, no se va a acabar con el problema. Nadie puede negarse a que haya represión, pero eso sólo, sin la colaboración internacional, es un harakiri".