Un sitio para cada cual

Don José Luis Leal, colaborador habitual de este diario, no suele, según confiesa, polemizar a propósito de sus artículos. Una nota firmada por mí en la sección de Cartas al Director le ha movido a la excepción. He de confesar que me ha sorprendido la virulencia del tono en la respuesta -quizá por su reconocido carácter inhabitual- que se me dedica, bajo el título de 'Cada cual en su sitio'. No obstante, la polémica tiene interés como oportunidad de matización en un tema que muchas veces no alcanza la presencia que merece en los medios de comunicación, oportunidad que, por cierto, aprovecha el propio ofendido articulista para aclarar que el 0,25% sobre el PIB al que se refería en su trabajo de 13 de diciembre corresponde sólo al conjunto de las empresas españolas y no al total del esfuerzo nacional en I+D, como fácilmente podría inferirse de la redacción inicial que motivó mi carta.La extensión que me brinda esta tribuna me permite aclarar aquí que el informe OCDE al que el señor Leal se refiere fue solicitado por la Administración para que el alto organismo evaluara la situación del sector, en el que se advertían disfunciones y carencias impropias de un país desarrollado. Evidentemente, el deseo de profundizar en el análisis, recurriendo a expertos externos, obedece a una sensibilidad previa y a todo un espíritu renovador del sistema cuyas acciones más destacadas mencionaré más adelante. Quede constancia de que esa preocupación no existió en Gobiernos anteriores, por lo que hasta el presente los datos más próximos en el tiempo corresponderían a 1970.

Deficiencias

El informe viene a subrayar deficiencias repetidamente detectadas, presupuestos escasos, déficit de personal científico-investigador, descoordinación. Los propios expertos reconocen, sin embargo -como ya señalaba brevemente en la carta- que sus conclusiones han de ser matizadas en el plazo de seis meses, ya que la evolución de la política científica española ha sido tan rápida que algunos datos han quedado obsoletos, especialmente aquellos que guardan relación con el desarrollo de la ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

Posiblemente, el error principal del señor Leal es hacer balance sobre los datos obtenidos en una carta, desentendiéndose del antes, del después y de la tendencia que se manifiesta en el proceso. Es cierto que en España se gasta poco en investigación; no lo es menos que en el anterior período legislativo la Administración ha duplicado la inversión; el personal investigador es escaso, y para afrontar este déficit los presupuestos del Plan de Formación de Personal Investigador han crecido un 172,3% en el mis mo período; la descoordinación del esfuerzo público ha encontrado su causa en la reciente promulgada ley de Fomento; se han fijado prioridades; se ha producido el ingreso en organismos científicos internacionales, como el CERN, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular y la fuente de radiación Sincrotron; parale lamente, se han lanzado dos proyectos para poner en marcha centros nacionales de biotecnología y microelectrónica. Algo se ha hecho en estos cuatro años y algo está cambiando en este país en lo que a ciencia se refiere. Aun en el contexto de las repetidamente advertidas deficiencias, entre 1983 y 1986 la contribución española a la ciencia mundial. ha aumentado en comparación con el resto de los países desarrollados de forma notable; en todas las áreas se han registrado crecimientos superiores al 23%, y en algunas se ha superado el 50%. En el período de referencia, por ejemplo, el Reino Unido registró descensos de relevancia. Nuestro país ocupa ya excelentes posiciones en campos como la biología molecular y la física teórica, en los que se sitúa entre los 10 primeros del mundo. El pasado año hemos constatado la proximidad de científicos españoles en los trabajos que han dado lugar a los Premios Nobel de Física y Medicina. Son hechos cuya relevancia cada cual juzgará como crea oportuno, pero que no dejan ¡ugar a dudas sobre el sentido de la tendencia: con dificultades, con carencias seculares, vamos hacia adelante en los dominios de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Separemos de una vez el análisis riguroso que hace patente un abigarrado conjunto de carencias, al tiempo que sugiere iniciativas para desterrarlas, de la agorera salmodia que recita males entintados con el fatalismo del destino.

Vuelve don José Luis Leal a insistir en la bondad de fórmulas de desgravación fiscal como medio de incentivar la I+D en la empresa. Con mayor humildad aún que en la ocasión precedente, le recomiendo la lectura del trabajo investigador que al respecto publicaron en Research Policy, 14, 97-107, los.economistas Mansfield (universidad de Pennsylvania) y Switzer (universidad de Montreal). Para los lectores de EL PAíS, resumo simplemente sus conclusiones: el sistema que se venía aplicando en Canadá, Estados Unidos. y Suecia, principalmente, revela que las subvenciones fiscales aumentaron tan sólo un 37. las inversiones de I+D; un porcentaje tres o cuatro veces inferior al que la Administración perdió en concepto de impuestos para esta partida. Las empresas consultadas admitieron haber falseado sus presupuestos en este capítulo, hasta el 14% del total del gasto; finalmente, los investigadores advierten que este sistema distorsiona las estadísticas del sector. Por todo ello, la fórmula de incentivación fiscal se manifiesta claramente ineficaz y desaconsejable. El estudio, recordemos, está referido a tres países donde la conciencia ciudadana y la transparencia fiscal se encuentran a considerable distancia de las nuestras. Es éste un tema de debate candente, hasta el punto de suscitarse con frecuencia en la Prensa diaria de los países comunitarios (el pasado 21 de enero, el belga Le Soir publicaba una reflexión a propósito de ello titulada "Le débat: incitants ou subsides?"; profundizar en él tiene hoy un considerable interés.

Dos puntos

Sin pretender rebatir exhaustivamente el artículo, quedan dos puntos de obligada respuesta. Denuncia la acumulación de recursos económicos en el CSIC y en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del MEC. Expliquemos en este acápite que la existencia de un fondo para investigación científica genera una competitividad basada en la presentación de proyectos que son evaluados según criterios de calidad por grupos de expertos anónimos, de acuerdo con mecanismos establecidos en los países más avanzados científicamente. La alternativa no es otra que el anterior café para todos, sustentada en príncipios muy alejados de la modernidad. El Ministerio de Educación ha fornentado conscientemente esa política de incentivación según criterios de calidad, para utilizarla como instrumento de diferenciación de universidades, que en el pleno ejercicio de su autonomía pueden obtener recursos por procedimientos ensolerados en los países a los que pretendemos equipararnos.

Para concluir y quizá explicar el sentido de la paráfrasis que da título a estas líneas, desearía poner algún punto en la velada descalificación que hacia mi persona se hace al recomendar que no sean políticos los que se ocupen de estos menesteres de gestión científica. Sin renunciar a mi esencia política, 25 años de ininterrumpida actividad investigadora, de alguna forma reflejada en un centenar de artículos publicados en revistas de prestigio internacional, la experiencia en cargos anteriores, como el de vicepresidente del CSIC, o el haber sido elegido presidente del Comité de Altos Funcionarios de Cooperación Científica y Técnica de las Comunidades Europeas, creo que algún aval deberá aportar a la simple categorización de político.

Tiene toda la razón don José Luis Leal cuando afirma que una Administración dempcrática es la que escucha a los administrados y agradece sus críticas. Por supuesto que no acaban aquí sus deberes, y el de'informar cumplidamente de sus acciones figura entre ellos; no es otra la intención que guía estas líneas, que, en alguna medida, confío atemperen las iras que las han motivado.