Democratizar los hospitales públicos

Los hospitales españoles viven desde hace años una situación crítica que ha supuesto en más de un caso un importante deterioro de lo que era hace unos años el exponente de mayor calidad de la asistencia sanitaria. Los motivos de esta crisis son muy profundos, y en algún caso, arrancan de la redefinición de la atención sanitaria que se está produciendo en los últimos años, y del papel que en ella deben de cumplir cada uno de los niveles asistenciales. Pero otros, más cercanos vienen determinados por el economicismo que la administración sanitaria quiere imponer en el funcionamiento de los centros, y el rígido autoritarismo que se está utilizando en la aplicación de este modelo.Las órdenes ministeriales que ha anulado el Supremo diseñaban los hospitales como una estructura fuertemente jerarquizada, donde el gerente, nombrado por el INSALUD era la figura omnipotente dentro del hospital. 161 nombraba al equipo directivo, decidía y tomaba todo tipo de alternativas sin ningún control, ya que los órganos de gobierno y participación habían sido reducidos a meros fantasmas. La junta facultativa estaba compuesta mayoritariamente por los presidentes de las distintas comisiones (designados por el gerente), y estas a su vez por facultativos y personal de enfermería que la dirección elegía de entre los que voluntariamente se presentaban para ello.

No resulta así difícil entender que la posibilidad de estos órganos de control de calidad de tener unas posiciones realmente autónomas, o de corregir los errores del equipo directivo fuesen nulas, tampoco que funcionen en pocos hospitales españoles y que, en aquellos en que se tomaron su labor en serio, acabaran dimitiendo. Lo mismo sucede con la llamada comisión de participación que carecen de otras competencias que las de oír y ser oida por el equipo directivo, más o menos como las Cortes de Franco.

A partir de ahí se ha producido una situación generalizada en los hospitales de apatía y frustración que lleva progresivamente a un incremento de la desresponsabilización de los profesionales, a la rutina, y a la inhibición en la resolución de los problemas.

Ahora, la Administración sanitaria, tiene la oportunidad de rectificar, y para ello a la hora de elaborar la nueva normativa que habrá de suplir a las órdenes anuladas, debería de tenerse en cuenta, a más de mantener algunos aspectos positivos de las mismas como la ubicación de los hospitales en el área de salud y el mayor papel de la enfermería en los hospitales, lo siguiente.

1. Creación de verdaderos órganos de gobierno y control del hospital que, respetando la autonomía necesaria del equipo directivo para desarrollar sus tareas, tenga a la vez, capacidad para integrar en los planes del hospital las sugerencias de los distintos profesionales que en él trabajan, y, para exigirles la rectificación de políticas y actuaciones equivocadas.

2. La participación en los mismos de los distintos sectores implicados a través de sus representantes, administraciones a sus distintos niveles y trabajadores del hospital.

3. La dinamización de las juntas facultativas y las diferentes comisiones que, desde un punto de vista técnico, deben de velar de la calidad asistencial de los hospitales, concediéndoles autonomía dentro de su ámbito, democratizando profundamente su composición, y dotándolas de capacidad para resolver los problemas detectados.

No se trata de medidas utópicas, sino de la necesidad de comprender que los hospitales públicos no podrán cumplir la tarea social que se les tiene encomendada, si no se consigue que su funcionamiento eficaz, sea una tarea colectiva e ilusionada de quienes en ellos trabajan, y que la participación y democratización de los centros sanitarios es un elemento imprescindible para ello.