El Parlamento británico rechaza la carta europea de derechos humanos

La Cámara de los Comunes rechazó ayer una propuesta de ley presentada por un diputado conservador, con amplio respaldo multipartidista, que intentaba incorporar la Convención Europea de Derechos Humanos al derecho común británico.

La propuesta del veterano diputado conservador sir Edward Gardner, con el apoyo de varios diputados laboristas y de la Alianza, no consiguió alcanzar el mínimo de 100 votos requerido para que fuese discutida en comisión después de que el procurador general, sir Patrick Mayhew, manifestara la oposición del Gobierno a la proposición.

Mayhew, que hizo uso de la palabra, debido a la ausencia por enfermedad de su jefe, el fiscal general, sir Michael Havers, dejó muy claro que el Gobierno no podía recomendar que la proposición de ley pasara su segunda lectura parlamentaría, ya que la incorporación de la Convención Europea de Derechos Humanos a la legislación británica "lanzaría de golpe a los jueces a la arena política al tener que adoptar decisiones políticas".

El patrocinador de la medida subrayó que los que se oponían a la propuesta argumentando que equivalía a importar una legislación extranjera "no se habían leído para nada la convención". Los derechos reconocidos en la convención, dijo Gardner, son los mismos que están reconocidos en la magna carta".

El copatrocinador laborista Austin Mitchell manifestó que la medida. era necesaria para limitar "el creciente poder del Gobierno central", como ha quedado demostrado con los recientes registros e incautación por la policía de material de la BBC.

Por su parte, el ex ministro del Interior, el conservador Leon Brittan, y el líder liberal, David Steel, ofrecieron un apoyo total a la propuesta. Para Steel, la aprobación se hacía necesaria "porque muchos pensamos que el Parlamento no puede sólo por sí mismo ofrecer la necesaria protección. al ciudadano en el complejo mundo tecnológico actual". Pero los argumentos no convencieron a la mayoría, celosa de que los jueces tuvieran que tomar, en el futuro, decisiones políticas reservadas en este país totalmente al Parlamento.