La Comisión Europea se compromete a defender los intereses españoles en el acuerdo con EE UU

El acuerdo concluido el jueves entre Estados Unidos y la Comunidad Europea (CE) es muy costoso para esta última, pero absolutamente satisfactorio para España, que se beneficiará del abaratamiento del precio del cereal sin que sus productores de maíz resulten perjudicados. Éste era el análisis efectuado en la representación permanente de España ante la CE después de que la Comisión Europea hiciese, en la madrugada de ayer, una declaración comprometiéndose a salvaguardar los intereses españoles, lo que animó a Madrid a aprobar el compromiso alcanzado entre Washington y Bruselas para evitar el estallido de una guerra comercial. Los representantes comerciales de la Casa Blanca, por su parte, anunciaron oficialmente que la Administración de Reagan no aplicaría los previstos aumentos arancelarios sobre los productos comunitarios.

Carlos Westendorp, embajador de España ante la CE, dio finalmente su visto bueno al acuerdo poco antes de las dos de la madrugada de ayer, tras haber mantenido un largo triálogo con el comisario europeo Willy de Clercq, responsable de la negociación con EE UU, y la presidencia belga, no sin antes consultar con los ministros Franciso Fernández Ordóñez, Carlos Solchaga y Carlos Romero. Éste último era el más reacio en aceptarlo.Los otros 11 homólogos de Westendorp habían dado anteriormente su luz verde al compromiso, que los ministerios de Asuntos Exteriores debían aprobar formalmente, antes del mediodía, mediante un procedimiento escrito que evita a sus titulares tener que desplazarse hasta la capital belga.

La amenaza de que si se retrasaba más allá de ayer, viernes, la adopción del texto pactado por De Clercq y su interlocutor norteamericano, Clayton Yeutter, entrarían en vigor las sanciones firmadas por el presidente Ronald Reagan, proporcionó a la delegación española un inesperado medio de presión para arrancar algunas garantías del Ejecutivo europeo.

El acuerdo anunciado el Jueves por De Clercq prevé que España importará anualmente, con arancel reducido y durante cuatro años, dos millones de toneladas de maíz y 300.000 de sorgo, que en un 70% o incluso en un 80% serán de origen norteamericano, y el resto procederá de Argentina, Canadá, etcétera.Pero a lo largo de su primer año de adhesión a la Comunidad, España ha sustituido parcialmente el maíz estadounidense que compraba hasta principios de 1986 por cereales más baratos, como mandioca, trigo forrajero y cebada británica, al tiempo que sus agricultores aumentaban en 600.000 toneladas su producción de maíz, hasta situarla en 3,1 millones, y el consumo disminuía de seis millones a 4,5 millones.

Peligros para España

Por todos estos motivos el compromiso de compra español contraído entre De Clercq y Yeutter llevaba consigo dos peligros para España: que ¡os cambios experimentados en el mercado español no le permitan absorber el contingente estipulado y generen unos costosos excedentes y que sus cultivadores de maíz resulten perjudicados por la importación de un cereal norteamericano más barato que el que ellos producen. Ambos escollos han sido evitados, según Westendorp.

El primero queda solucionado mediante el compromiso de la Comisión, recogido en su declaración, de recurrir a la exportación, subvencionada por la CE, para que eventuales remanentes de maíz norteamericano adquiridos por España puedan ser vendidos a los doce y que excedentes de cereales españoles puedan ser colocados en países terceros.

En una carta adicional del Ejecutivo europeo remitida a la representación española se precisa que los gastos de almacenamiento y gestión de estos almacenajes correrán a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, y no de las arcas del Estado español.

El segundo peligro queda también superado gracias a la mencionada declaración, en la que la Comisión se compromete además "a tomar las medidas necesarias para que el acuerdo ( ... ) no tenga repercusiones negativas sobre los productores", lo que, según fuentes españolas, significa que Bruselas consultará con Madrid la reducción de arancel que autoriza para no hundir el mercado nacional.

Junto con los operadores privados, el Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa) queda también autorizado a comprar cereales en el mercado mundial y encargado de su almacenamiento, pero no deberá sacarlos a la venta a un precio inferior al de la intervención -precio mínimo de compra garantizado a los agricultores- para no perjudicar a los productores.