El episcopado y la izquierda, contra la privatización de la Prensa en Portugal

El primer ministro portugués, Cavaco Silva, anunció hace un año su intención de limitar la presencia del Estado en el sector de la información a la propiedad, de un único diario, una agencia de noticias, una emisora de radio y un canal de televisión. Este proyecto mereció, en principio, el acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias, con excepción del partido comunista. Pero las presiones de la oposición parlamentaria de izquierda, de los grupos de intereses económicos privados y de la jerarquía católica lusa entorpecen los esfuerzos del Gobierno, que cuenta con el respaldo de un escaso 30% de diputados para llevar a cabo su programa.

Con el pretexto de que el Gobierno no puede disponer a su antojo de empresas públicas, que son, por definición, patrimonio del Estado portugués y no de la fuerza política que ocupe circunstancialmente el poder, el Parlamento pretende controlar, y entre tanto congelar, los decretos del poder ejecutivo.En concreto, se encuentra congelado el decreto que autoriza la venta de una parte del patrimonio de las empresas publicas que editan los diarios lisboetas Diario de Noticias y Diario Popular. Los partidos de izquierda han anunciado ya la intención de actuar de forma idéntica en relación, al decreto que cierra la agencia de noticias estatal Anop para permitir la creación de una nueva agencia, de capitales mixtos, con la fusión de Anop y de una cooperativa creada en tiempo del Gobierno de Pinto Balsemáo, con el nombre de NP.

El Gobierno acusó al Parlamento de injerencías en la gestión del sector empresarial del Estado, competencia del poder ejecutivo, y replicó al veto de los diputados con la enajenación de parte de los bienes de las empresas periodísticas, cortando todas las subvenciones estatales a los diarios interesados. Colocados en la eventualidad de dejar de cobrar sus salarios, los trabajadores de plantilla de la Prensa del Estado se convirtieron, de hecho, en rehenes de la guerrilla institucional entre el Parlamento y el Gobierno.

Otro tanto puede acontecer, a corto plazo, con los cerca de 150 trabajadores de Anop y los cerca de 100 periodistas de la NP destinados, en principio, a integrar la plantilla de la nueva agencia de noticias, Lusa.

Radio Renascença

Por otra parte, el debate parlamentario sobre la ley de la radio, que se destina, en principio, a consagrar la liberalización, ha colocado al presidente Mario Soares en la difícil situación de tener que desaprobar una medida que adoptó cuando era primer ministro. En efecto, la nueva ley de la radio, al liberalizar la creación de emisoras privadas, anuló las concesiones de frecuencias hechas a título provisional por el anterior Gobierno, presidido por Soares, a Radio Renascenga, propiedad de la Conferencia Episcopal Portuguesa, y que era entonces, y desde 1975,. la única radio privada existente.La decisión parlamentaria significó, un duro golpe para la emisora católica y ha provocado una violenta reacción de los obispos, que acusaron al Parlamento de Lisboa de pretender "silenciar la voz de la Iglesia católica". Algunos creen, sin embargo, que la reacción de los obispos a la anulación de la concesión hecha a título provisional a Radio Renascença -que implica únicamente reponer la emisora católica en pie de igualdad con los otros candidatos privados a la concesión de frecuencias radiales- persigue otro objetivo: colocar a la Iglesia católica en posición de fuerza para el futuro debate de la liberalización de la televisión. El patriarcado de Lisboa aspira a un canal privado de televisión.

No obstante, existen otros potenciales candidatos al derecho de disponer de un canal de televisión, y los partidos de izquierda, favorables, con excepción del comunista, al pluralismo, consideran inconstitucional el privilegio otorgado a la Iglesia católica.