Un ministerio más

HA PASADO casi una década desde que los antiguos ministerios del Ejército, de la Armada y del Aire se convirtieron en un único departamento ministerial con la intención última de lograr que en un Estado democrático el de la Defensa fuera un ministerio más, sujeto como cualquier otro al control parlamentario y a la política del Gobierno salido de las urnas. Lograr ese objetivo tras cuatro décadas de amplia autonomía militar en la gestión de la defensa era una tarea absolutamente necesaria, pero que exigía prudencia en su desarrollo. No obstante, y especialmente por las circunstancias favorables que se han registrado en los últimos años, cualquier observador ha podido, cuando menos, sospechar que esa prudencia se ha mezclado en varios momentos con una cierta debilidad.Superados ya los ruidos de sables y las intentonas previas a las elecciones de octubre de 1982, el Gobierno socialista entendió que había llegado el momento de avanzar con más rapidez en la consolidación del Ministerio de Defensa, y así, en enero de 1984 quedó aprobado el decreto de reestructuración del departamento, mediante el cual se creó un organigrama en el que por primera vez los ejércitos de Tierra, Mar y Aire quedaban integrados en la estructura orgánica y funcional del ministerio.

Con ese decreto, el departamento quedó organizado en tres bloques interrelacionados, bajo la inequívoca dirección del ministro. El bloque militar quedó encabezado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cargo creado en fechas anteriores, y por los jefes de los tres ejércitos. El bloque económico, encargado de administrar los recursos, quedó encabezado por el secretario de Estado, y el bloque de personal, encargado de la política de personal y del régimen interior, por el subsecretario.

La estructura pareció lógica, pero encerraba un evidente error que el ministro Serra ha esperado tres años para corregir. En el decreto se indicaba que la Dirección General de Política de Defensa, clave en importantes procesos como el futuro de las bases o la negociación con la OTAN, quedaba bajo la competencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que entonces era el almirante Ángel Liberal Lucini. Esta medida constituyó el punto negro de la iniciativa gubernamental. Fuentes del Ministerio de Defensa, confirmando ciertas sospechas que circulaban, explicaron que fue Liberal quien pidió, como condición para aceptar el cargo de JEMAD, que esa dirección general estuviera bajo su competencia.

En el último Consejo de Ministros de 1986, el Gobierno rectificó aquel error y aprobó unas modificaciones del decreto de estructuración según las cuales la Dirección General de Política de Defensa pasa a depender directamente de Narcís Serra, quien situará al frente de la misma al teniente general Francisco Veguillas, actual capitán general de Valladolid. Veguillas fue jefe del gabinete técnico del ministro desde febrero de 1984 hasta marzo pasado, por tanto, no sólo es un hombre. de confianza del ministro, sino también un buen conocedor de la actual política del ministerio.

La medida no sólo era conveniente, sino totalmente necesaria en un momento en el que la política de defensa, basada hoy en tres iniciativas fundamentales, tendrá un peso importante en la futura situación internacional de España. Esas tres iniciativas son la prevista reducción de la presencia militar estadounidense en la península, la negociación de la aportación mil¡tar española a la OTAN y el inicio de un nuevo ciclo de Defensa, que culminará con la elaboración de otro Plan Estratégico Conjunto (PEC) más-acorde con los planes defensivos de la Alianza Atlántica.

En esos tres campos es clave la participación de la Dirección General de Política de Defensa, y, por consiguiente, era lógico y necesario que estuviera bajo el control de la rama política de¡ ministerio y del propio Serra. La modificación del decreto de estructuración también ha supuesto la creación de la nueva Dirección General de Enseñanza, sobre la que recaérá la indispensable y esperada tarea de reformar la enseñanza militar, base de un cambio de menlalidad que consolide la existencia de un verdadero Ejército nacional, profesionalizado y bien preparado. Ya a comienzos de 1984 se aseguró que ése sería el año de la reforma de la enseñanza militar. No sólo no fue así, sino que hasta el momento sólo se han realizado tímidas iniciativas formales, porque se trataba, en opinión

de Serra, de un asunto en el que había que procedercon gran prudencia. La prudencia en este caso puede convertir en una cuestión eterna la que ha de ser una salida primordial a una política de defensa coherente, hecha desde la autoridad moral que da el encarar con realismo los problemas profundos que afectan a colectivos tan sensibles como el estamento militar.