10 años sin TOP

Hace 10 años desaparecía el Tribunal de Orden Público (TOP), mediante un real decreto-ley del primer Gobierno de Suárez, de fecha 4 de enero de 1977. El hecho no tuvo demasiada repercusión, preocupada como estaba en aquellas fechas la sociedad española más de la lucha por la recuperación de su libertad que de volver la mirada sobre la historia represiva de un instrumento de la dictadura.

Después de muerto Franco, el tristemente célebre TOP, que de consuno con la policial Brigada Social asumió la tarea de la persecución del -movimiento democrático en los últimos años del franquismo, superó todos los récords de causas abiertas durante sus trece años de historia. En los largos trece meses que el TOP sobrevivió a Franco, este órgano jurisdiccional de la represión política, puesto en pie por el franquismo el 2 de diciembre de 1963, todavía llevó ante sus jueces a miles de intelectuales, obreros, estudiantes y profesionales de todo tipo.Hasta el momento de su creación, en diciembre de 1963, los hechos con intencionalidad política o que causasen trastornos al orden público o desprestigio al Estado o a sus instituciones estaban sometidos a la jurisdicción militar a través de diversas leyes. Principalmente, la ley de 1 de marzo de 1940, sobre represión de la masonería y el comunismo; la ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941; la ley de 2 de marzo de 1943, sobre transgresiones del orden jurídico con manifiesta repercusión en la vida pública; la ley de 19 de julio de 1944 de reforma del Código Penal; el decreto-ley de 18 de abril de 1947, sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, y el decreto de 21 de septiembre de 1960, que actualizó las dos disposiciones anteriores.

Toda esta panoplia represiva se pone en marcha cuando ya en España eran cientos de miles las personas sometidas a procedimientos penales o de depuración simplemente por haber pertenecido al bando de los vencidos. Dos años después de terminada la guerra civil, eran nada menos que 230.718 los presos que había en las cárceles o en los batallones disciplinarios, según un informe del Ministerio de Justicia.

Delitos artificiales

Con su creación en diciembre de 1963, el Tribunal de Orden Público asume la tarea de perseguir todo el conjunto de delitos artificiales, negadores o gravemente limitadores de los derechos de la persona, que constituyen el nervio de las dictaduras, diferenciándolas de los sistemas democráticos. Fundamentalmente, los llamados delitos de asociación ilícita, de propaganda y manifestación ilegales y de publicación de informaciones peligrosas en los medios de comunicación, que por ello, representan el grueso de las 22.859 causas instruidas por el TOP en su trece años de existencia.En su último año, 1976, deben distinguirse dos períodos uno que corresponde al Gobierno Arias Navarro, en el que el régimen franquista todavía persiste en sucederse a sí mismo, y otro que corresponde al primer Gobierno Suarez, ya decidido a poner en marcha los mecanismos necesarios para alumbrar la democracia. En el primero, el TOP es todavía una instrumento que funciona animado por la voluntad de quienes lo controlan, y en el segundo es una maquinaria que sólo funciona ya por inercia y al ralentí.

Entre tanto, en los primeros meses de 1976 todavía serán frecuentes los juicios a jóvenes estudiantes de instituto, que apenas rebasan la edad penal de los 16 años, a quienes el fiscal solicita penas de uno o dos años de prisión, acusados de haberse, reunido o de haber escrito en las paredes de su centro de enseñanza las palabras libertad o abajo la dictadura. Como a punto estuvo de ser juzgada ese año, si no le hubiera beneficiado la amnistía de 30 de junio de 1976, Ascensión Lopesino, de 50 años de edad casada y madre de seis hijos, a quien el juez de Orden Publico número 2, en octubre del año anterior, procesó, encarceló y aplicó el decreto-ley antiterrorista de 25 de agosto de 1975 por haber calificado de "alteración de orden público" la concentración patriótica celebrada el 1 de octubre en la plaza de Oriente de Madrid, presidida ya por un Franco moribundo.

El último juicio del TOP se celebró el día 16 de diciembre de 1976, y cuatro días más tarde se dictó la última sentencia, que hacía el número 200 de las de ese año y la 3.892 de las dictadas por el TOP en sus trece años de existencia. Como la primera, que condenó el 23 de marzo de 1964 a un peón de albañil, por injurias a Franco, a diez años y un día de prisión, la última también fue condenatoria, como otras 2.907 dictadas por este tribunal. En esta ocasión, al condenado le correspondió una pena de cuatro años, dos meses y un día por un delito de tenencia ilícita de armas.

La muerte legal del TOP, producida por el decreto-ley de 4 de enero de 1977, no impidió su funcionamiento durante todavía algunos días por propia inercia burocrática. El mismo día 4 estaba citado a declarar Francisco García-Salve, entonces importante dirigente del PCE y de Comisiones Obreras, y los días posteriores, otras personas siguieron acudiendo con la misma finalidad a la sede de los dos juzgados de Orden Público, en la planta tercera del edificio de la plaza de las Salesas, de Madrid.

Inercia burocrática

Cuando el TOP se extingue en los primeros días de enero de 1977, los procesos que deja pendientes de tramitación pasan de 500. Todos ellos quedarían comprendidos poco tiempo después en el decreto-ley de amnistía de 14 de marzo de 1977 y, en todo caso, en la ley de amnistía de octubre del mismo año. Entre ellos, se encontraba el proceso abierto, a finales de diciembre del año anterior, a Santiago Carrillo, detenido en aquellas fechas, sin que nada sirviera para evitarlo su famosa peluca.Pero la detención del entonces secretario general del PCE no pudo dejar de ser interpretada como una operación cuidadosamente preparada desde el poder, en la que era paso obligado su puesta a disposición del TOP, convertido paradójicamente en esta ocasión, y en contra de su esencia represora, en instrumento para la legalización del viejo dirigente comunista.