Otra vez sobre autodeterminación

En un artículo publicado el último 10 de diciembre en las páginas de EL PAÍS, la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, Aïna Moll -es decir, una funcionaria principalísima del Gobierno autónomo catalán-, expone criterios que, en razón de su cargo, hay que entender como representativos de, en primer lugar, el pensamiento de la coalición -Convergéncia i Unió- que ocupa ese Gobierno, y en segundo lugar, de la institución desde la cual se expresa.Su punto de partida son las notas de Jordi Solé Tura aparecidas en el mismo periódico el 24 de noviembre anterior, en que el ilustre jurista manifestaba su preocupación por el hecho de que las juventudes de Convergéncia Democrática y de Unió Democrática, así como el propio partido de Unió Democrática, hubiesen "reivindicado con fuerza el derecho de autodeterminación". "De hecho", apuntaba Solé Tura, "con estos planteamientos se está diciendo que el actual marco constitucional no sirve".

La inquietud, de Solé Tura ante la frecuencia con que, por mezquinas razones electorales o por querellas intrapartidarias, se venía -y se viene- ponierido "sistemáticamente en cuestión el marco constitucional", y propugnando "que todos nos precipitemos en la vía muerta de unos independentismos inviables y catastróficos", no obedece a un recóndito propósito centralista, sino, por el contrarío, a la idea, que comparto, de que "la alternativa al modelo del Estado de las autonomías no es el independentismo, sino la vuelta al centralismo". La alternativa real, claro está.

Pues bien: Aïna Moll decide abundar sobre el tema, a pesar de que los contenidos del artículo de Solé Tura -que no resume, pero del cual ofrece una sucinta interpretación- le parecen, en principio, "más idóneos para provocar reacciones hostiles que para conseguir las adhesiones buscadas". Naturalmente, el texto suscita la reacción hostil de quien no esté de acuerdo con sus postulados, fundamentalmente el de deferisa del actual estatuto constitucional, y la adhesión de quienes observamos con cierto desasosiego el cuestionamiento de los mismos. No puede, por tanto, Aïna Moll juzgar de reacciones sin contar con quienes reaccionan, y no todos lo hacemos en el sentido en que ella lo hace.

Es éste dar por supuesta una posición del potencial lector lo que lleva a la autora de Más sobre autonomías y autodeterminación a escribir como lo hace: no con el tono de quien posee una posición política, sino con el de quien comparte una razón universal.

Considera Aïna Moll "desgraciada" la comparación "de las nacionalidades no castellanas de España con las minorías lingüísticas de Nicaragua", que, según ella, hace Solé Tura. Conviene recordar que tal comparación no existe, y que el autor discutido menciona el tema nicaragüense como ejemplo "de los problemas que plantea la invocación de un concepto político tan complejo de manera abstracta e intemporal". No se aclara en los párrafos que siguen, porque esa inexistente comparación podría ser desgraciada, pero se atisban algunas de las razones por las que la directora de Política Lingüística llega a entenderla así: el derecho de autodeterminación, señala, "es un derecho esencial de los pueblos: todo pueblo con personalidad propia tiene por naturaleza ese derecho", y "las nacionalidades de España son pueblos con personalidad propia y con derecho natural a la autodeterminación".

Puesto a interpretar -y el asombro me impide hacer otra cosa-, tengo que sumar un párrafo al otro y concluir que las "minorías lingüísticas de Nicaragua" -fórmula por demás ambigua, dicho sea de paso- no se corresponden con la existencia de pueblos "con personalidad propia", lo cual las elimina del ámbito de las comunidades que poseen derecho natural a la autodeterminación. Quiero creer que la directora de Política Lingüística no ignora la noción de cultura elaborada por la antropología moderna. Quiero creer que no desconoce el hecho de que no hay en este planeta pueblos sin personalidad propia; de que no hay, dicho en otros términos, pueblos inferiores. Quiero creer que tiene presente que el primer derecho natural de los pueblos, como de los individuos, es el derecho a la existencia. Pero, ante sus pala bras, me cuesta creerlo.

Aïna Moll relata su conflictivo encuentro con un camarero del aeropuerto de Palma de Mallorca que se negó a recibir su pedido en catalán. Cerca del final de su nota afirma que son "las actitudes de colonizador las que hay que combatir: la del camarero del bar del aeropuerto de Palma, por ejemplo, o las que inspiran los recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas indispensables para la recta aplicación de los estatutos de autonomía". No sé si tomar la frase como boutade, como prueba de mal gusto o como muestra de incapacidad para distinguir la netirosis del desarraigado forzoso por causas económicas de la conciencia política del centralismo. En cualquiera de los tres casos, no olvido que la escribe una persona con enorme responsabilidad en el desarrollo del modelo de Estado convenido mayoritariamente en 1978. Y aquí sí que se me alcanza una diferencia esencial entre los problemas de Nicaragua y los de España, que Aïna Moll, precisamente, demuestra no tener en cuenta: en Cataluña tenemos muchísimos conflictos, pero no un conflicto colonial, cuya caracterización teórica, quiero creer, no será ajena a la formación de la directora de Política Lingüística.

Después de sobresaltarme con su propuesta de clasificación de pueblos con y sin personalidad, pero antes de entrar en la argumentación colonial, Aïna Moll intenta tranquilizarme: "Las declaraciones de varios partidos catalanes en el sentido de no renunciar al derecho de autodeterminación", dice, "lejos de significar un impulso al independentismo, sirven para frenarlo, ya que tranquilizan a la ciudadanía sobre su disposición a defender, si es preciso, ese derecho irrenunciable y, por otra parte, le reiteran su fe en la posibilidad de libre convivencia de los pueblos de España en el marco del Estado de las autonomías". Debo decir que esas declaraciones no tranquilizan a toda la ciudadanía, si de ella formamos parte los que teníamos por hecho que la libre convivencia en el Estado de las autonomías no era una posibilidad, sino una realidad. No nos tranquilizan dada la absoluta oscuridad en que vivimos respecto de la situación en que pueda ser preciso defender ese derecho irrenunciable. No nos tranquilizan desde que las hacen dirigentes a los que no todos votamos, desde partidos a los que no todos pertenecemos y que, en consecuencia, se pueden atribuir la representación mayoritaria que poseen, pero no la representación del conjunto de Cataluña.

Recientemente, numerosas personalidades catalanas dejaron constancia de su no implicación en una operación política en que se confundieron los términos de un probable procesamiento por delitos económicos del ciudadano Jordi Pujol con los de un imaginario procesamiento histórico de todo este pueblo. Operación en que se salvó el puesto del presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, pero que no contribuyó a aumentar su prestigio personal ni la credibilidad de su gestión, ni dentro ni fuera de Cataluña. Imposible evaluar aún la repercusión de las palabras de Aïna Moll en el resto de España ni en el seno de esta comunidad bilingüe. Los días dirán.

De momento, yo me limitaría a pedirle que hable en nombre del colectivo al que realmente representa y a recordarle que, en el tema de la autodeterminación, de ese colectivo se han excluido, además de personas particulares en crecida cifra, partidos de indudable raíz catalana.