Una ley quitará a Telefónica el monopolio sobre los aparatos

El anteproyecto de ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), que será aprobado previsiblemente en alguno de los consejos de ministros del próximo mes de enero, pondrá fin al monopolio de la Compañía Telefónica Nacional de España sobre los receptores terminales, lo que significa que los usuarios podrán adquirir en el libre mercado sus aparatos de recepción telefónica.El anteproyecto de ley de Ordenación de Telecomunicaciones, que ha sido enviado a la Comisión de Subsecretarios, va a regular por primera vez de forma global "el papel primordial de las telecomunicaciones como sistema nervioso de la sociedad de la información", según consta en la exposición de motivos de la futura ley.

Este anteproyecto, que se desgajó del anterior preparado por Enrique Barón, establece el principio de la configuración de las telecomunicaciones como servicios esenciales reservados al sector público y a la titularidad estatal, pero liberaliza los terminales de telecomunicación (tales como el aparto telefónico, ordenadores unidos a las redes de telecomunicación, contestadores, etcétera), que podrán ser adquiridos libremente por el usuario.

Radiodifusión

El texto regula también la radiodifusión, que no cambia con respecto a la actual legislación y práctica de coexistencia de cadenas públicas y privadas de radio; pero no incluye la regulación de los canales de televisión tanto públicos como privados. En este caso remite a una legislación específica de otros departamentos ministeriales sobre la materia.Uno de los aspectos más polémicos y que mayores tensiones ha producido es el que se refiere al nuevo contrato del Estado con la Telefónica y al recorte del monopolio que mantiene esta compañía en algunos servicios de telecomunicación.

El anteproyecto de LOC consta de una exposición de motivos de siete páginas, 34 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final y un anexo.

Es precisamente en la disposición adicional segunda donde se fijan las condiciones básicas que deberán regir el nuevo contrato del Estado con la Compañía Telefónica, por el que se pretende superar y modernizar una situación que viene desde el 31 de octubre de 1946, cuando se firmó un contrato para algunos leonino e inconstitucional en los actuales tiempos.

En líneas generales, la Administracíón recuperará con el nuevo contrato la capacidad de adoptar determinadas decisiones en materia de telecomunicaciones que hasta ahora eran monopolio prácticamente de la Compañía Telefónica.

Otros capítulos de este anteproyecto están dedicados a la capacidad sancionadora de la Adminístración en materia de infracciones y al plan nacional de telecomunicaciones.