Una subasta histórica

LA SUBASTA de 42 obras de Joan Miró, vendidas por un total de 504 millones de pesetas en una puja efectuada por la casa Sotheby's en Madrid, ha desatado de nuevo una hipocresía recurrente en el mundo de la cultura española. Se juzga que el Estado, haciendo uso del dinero que administra y que pertenece a todos los ciudadanos, debe participar por sistema en ese tipo de transacciones comerciales para redondear en lo posible el patrimonio artístico de la nación.No iba a ser una excepción en este ejercicio frecuente de la hipocresía la ocasión de la puja por el conjunto de obras de Miró, así que también ahora se ha tratado de conducir al Ministerio de Cultura en pos de esos cuadros. No lo ha hecho. Si el Estado hlciera caso siempre de esas incitaciones y comprara todo aquello que se le indica que debe engrosar los almacenes de sus museos éstos crecerían hasta niveles ridículos por lo insoportables, que pondrían aún más de manifiesto la actual desidia con la que se aborda la protección de la riqueza artística ya existente.

Con frecuencia, el Estado ha creído conveniente tapar los agujeros de su propia desidia con adquisiciones grandilocuentes y se ha sentido titular único de la protección patrimonial del arte de signo español. Su gestión ha sido errática y cicatera, y así mantiene un Museo del Prado repleto de problemas estructurales y económicos, entre los cuales figura como principal la ausencia de un número suficiente de conservadores y restauradores, y continúa sin saber qué hacer con un Museo de Arte Contemporáneo (MEAC), donde la arbitrariedad es ley y cuyas colecciones distan mucho de ser las que demandaría una entidad con título tan explícito y donde ayer mismo se hizo público el robo de cinco grabados de Pablo Picasso, expuestos al tiempo que se exhiben los Picasso de Jacqueline.

En ese marco de indigencia ya asumida por la cultura española, lo que el Estado se tiene que plantear es una política coherente de adquisiciones, que vaya justamente a tapar los agujeros abiertos en las colecciones de las principales pinacotecas del país. Está claro que el Ministerio de Cultura no tenía nada que hacer en la subasta del pasado martes porque tanto el Museo del Prado como el Museo Español de Arte Contemporáneo tienen abundantes fondos representativos de la obra ingente de Joan Miró, cuya familia ha pagado los derechos reales de sucesión con 24 óleos y 203 grabados del pintor y ha donado dos importantes óleos al Museo del Prado.

La subasta ha sido un acontecimiento que ha traído un aire nuevo al mercado del arte, acogotado desde 1978 hasta 1985 por una ley que impedía el tráfico internacional de obras de pintores muertos cuya obra estuviera firmada durante los últimos 100 años. La puja organizada por Sotheby's es histórica porque ha sido una subasta de interés internacional protagonizada por un artista español que, por una vez, no se hace ni en Nueva York ni en Londres, sino en Madrid.

De paso hemos podido ver varias cosas: ha quedado claro que la atonía del coleccionismo español es un tópico que toca a su fin, pues el 25% de lo subastado fue adquirido por particulares o entidades privadas españolas; y la masiva afluencia de extranjeros en esta puja demuestra que surte efecto la ley del Patrimonio Histórico de 1985, que liberó la circulación de originales de artistas como Joan Miró.

Sobre estas obras compradas por extranjeros sigue pesando, de todos modos, la particular espada de Damocles de la citada ley, porque aunque ahora todos los cuadros tienen garantizado el permiso de exportación, éste podría ser revocado en el plazo de seis meses. Esa revocación resulta improbable, pero es el recurso que se guarda el Estado para alimentar su ilusión de acaparar todo lo que se produce. Cuando es preciso que el arte también circule, viaje y se confunda con el patrimonio cultural de todo el mundo. Un cuadro de un artista como Joan Miró en las pinacotecas de otros países es una de las mejores embajadas permanentes que este país puede tener.