Venezuela solicitará a España la extradición de dos ex altos funcionarios

El Gobierno venezolano ha iniciado los trámites para solicitar a España la extradición de dos ex altos funcionarios de la pasada Administración del presidente democristiano Luis Herrera Campins, a quienes se les sigue juicio en Caracas por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos.

Los dos funcionarios son el ex gobernador del Distrito Federal de Caracas, Rodolfo José Cárdenas, y la ex presidenta de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), María del Rosario García Serrano. Tras desobedecer los autos de detención dictados en su contra por los tribunales venezolanos, ambos funcionarios abandonaron Venezuela y viajaron a España. Actualmente residen en Madrid. Al parecer, se les ha prohibido salir de EspañaEn medios judiciales venezolanos se relaciona la situación de los dos ex funcionarios con la extradición del español Pedro Bel Fernández, concedida recientemente a España por la Corte Suprema de Justicia venezolana Pedro Bel está acusado de haber enviado en 1978 una carta-bomba a EL PAÍS, cuya explosión produjo la muerte del ordenanza Andrés Fraguas Fernández y heridas a otras dos personas, así como de otros diez atentados que causaron tres muertos y 17 heridos.

Aunque los dos casos son distintos, el Gobierno venezolano aspira a conseguir la reciprocidad de la justicia española, tal como lo establece el tratado bilateral de extradición suscrito en 1984.

María del Rosario García Se rrano, economista, fue nombrada por el ex presidente Luis Herrera Campins para desempeñar el cargo de presidenta de la CVF entre octubre de 1982 y enero de 1984.

Ya a mediados de 1983 se so licitó a Herrera la destitución de García por las denuncias que habían circulado sobre irregularidades en la CVF.

El 15 de agosto de 1984, ya con el actual Gobierno de Jaime Lusinchi, la juez de instrucción número 7 de Caracas, Maritza Dávila, dictó auto de detención contra García Serrano y contra el ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Alí Cordero Vale, por complicidad en una estafa cometida al banco en la concesión de un crédito de 45 millones de dólares a la sociedad Effingham Properties para la adquisición de unos terrenos en Miami, donde se construyó la sede del citado banco.

El 10 de agosto de 1985, María del Rosario García Serrano es objeto de un segundo auto de detención, dictado esta vez por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, por complicidad directa en el otorgamiento de avales que alcanzan a unos 2.000 millones de bolívares (mas de 27.000 millones de pesetas) a la empresa Cemento Andino, cuyos directivos también están acusados de aprovechamiento fraudulento del dinero público.

Por su parte, Rodolfo José Cárdenas fue gobernador de Caracas entre febrero de 1982 y marzo de 1983. En su contra, el juez penal Francisco Caracciolo dictó auto de detención el 24 de enero de 1985 por "estafa agravada" en la contratación de 22 millones de bolívares (algo más de 300 millones de pesetas) para la reparación y pavimentación de una carretera.