30 meses de divorcio político

Jordi Pujol se ha negado a aceptar, en los dos años y medio que median desde que la fiscalía acordó presentar la querella por el caso Banca Catalana hasta ahora, que el presidente del Gobierno, Felipe González, no tuviera conocimiento previo de esa decisión y no la autorizara. El presidente de la Generalitat ha tenido desde entonces un profundo convencimiento de que Felipe González estuvo detrás de lo qué él califica de "jugada indigna" contra su persona y contra Cataluña. Esta convicción creó unas profundas diferencias personales que a los ojos de todos los observadores políticos resultan inseparables de la tensión que desde entonces ha condicionado profundamente la vida política catalana y en particular las relaciones de la Generalitat con la Administración socialista.

Dirigentes de Convergencia Democrática (CDC), sin disculpar lo que llaman responsabilidades políticas del Gobierno -por omisión o porque no desautorizó a la fiscalía-, han llegado a aceptar como posible que el Gobierno no estuviera detrás de la acción de los fiscales y la desconociera hasta el momento en que se divulgó. Pero admiten que éste es un enfoque del que el presidente catalán "no quiere ni oír hablar".De forma recíproca, el presidente González se sintió "profundamente herido", según fuentes cercanas a la Moncloa, por las palabras pronunciadas por Pujol desde el balcón del Palau de la Generalitat, el día en que se le invistió para un segundo mandato. Ante miles de personas que se manifestaban para desagraviarle, Pujol dijo: "El Gobierno central ha hecho una jugada indigna" y, "en adelante, de ética y moral hablaremos nosotros y no ellos".

La tensión personal que se abrió entre ambos ha provocado que en los 30 largos meses siguientes la comunicación entre Madrid y Barcelona haya estado prácticamente rota. Pujol, que en el período previo a la presentación de la querella no mostró ascos a un entendimiento con los socialistas, les convirtió, a partir de mayo de 1984, en poco menos que sus enemigos personales. Las relaciones personales entre González y Pujol, que nunca habían sido especialmente fluidas, se agriaron a partir de aquel momento.

El propio presidente del Gobierno, según fuentes socialistas, ha intentado en varias ocasiones explicarle a Pujol que desconocía el rumbo que iba a tomar el trabajo de los fiscales. En todas esas ocasiones, según medios de CDC, Pujol no ha querido tratar el tema, alegando que, por estar en manos de la justicia, era ésta la que debía hablar. Al término de la primera reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa, dos meses después de que estallara el conflicto, Pujol afirmó categórico ante los periodistas que el tema Catalana "no ocupó ni un segundo de la entrevista". Días después, en TV-3, Pujol reiteró que no se habló del asunto porque "la versión que él me daría del porqué se presentó la querella, quién la hizo presentar y los móviles, diferirían mucho de lo que es mi íntima y muy razonada convicción sobre este terreno".

Frialdad y desconfianza

La entrevista estuvo presidida por la frialdad y la desconfianza mutua. Pujol explicó más tarde, según fuentes de su partido, que, en contra del trato de cortesía mutua que es habitual, los interocutores ni siquiera preguntaron por sus respectivas esposas. No volvieron a reunirse hasta octubre de 1985, mes en que lo hicieron en dos ocasiones. Y luego, tras otro paréntesis, hasta septiembre de 1986, cuando se celebró la última entrevista, que se sepa.Pujol no ha ocultado que se considera engañado. En enero de 1984, meses antes de anunciarse la querella, en una entrevista celebrada en Presidencia del Gobierno, Felipe González le confió que sabía que no había ningunaacusación penal contra él. El presidente del Gobierno se apoyaba

-en un informe del Banco de España que ciertamente no involucraba a Pujol en las irregularidades administrativas que, en todo caso, habían prescrito para él. Y 24 horas antes de la reunión en que los fiscales acordaron presentar la querella, el mismo Felipe González informó a Miquel Roca, segundo de Pujol y portavoz de Minoría Catalana, de que probablemente el expediente por el caso Catalana sería archivado, a la luz de la documentaciónexistente, y le transmitió que su Gobierno nunca había creído que el presidente catalán pudiera estar implicado. Los fiscales, sin embargo, habían encontrado más documentación sobre el banco y pidieron el procesamiento.

Subir el listón

Lo que para algunos sería una prueba de que González no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, para Pujol se convirtió en una muestra de doblez.Fuentes de la Administración central están convencidas de que el largo pugilato mantenido entre Madrid y Barcelona -en torno a la financiación autonómica, traspasos pendientes o leyes de bases- ha estado viciado desde el principio por el caso Catalana, aunque se partiera de contenciosos objetivos. "La práctica de Pujol ha sido siempre la misma: subir progresivamente el listón de sus reivindicaciones, como si tratara de impedir el acuerdo y mantener permanentemente abierta la confrontación, al menos mientras estuviera pendiente el asunto del procesamiento", según estas fuentes. El síndrome Catalana ha afectado también, pero de forma inversa, a la Administración central, "cediendo más de lo que era previsible, para evitar mantener flancos abiertos", según los mismos medios, para los que el acuerdo sobre la financiación autonómica es todo un paradigma: "En realidad, el ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, ha cedido más de lo que había previsto Pujol, y el conseller Josep Marla Cullell no ha podido decir que no".

Es una incógnita si el asunto Catalana ha afectado a otras posturas del Gobierno catalán o de la dirección del partido de Pujol, como la decisión de imponer una ley que va frontalmente en contra del poder municipal que ostentan los socialistas catalanes, mayoritarios en este ámbito, o la de modificar unilateralmente las leyes autonómicas para que sea posible la disolución anticipada del Parlamento el apoyo oficial y abierto a la operación reformista con el objetivo de impedir que el PSOE ganara las elecciones de 1986 con mayoría absoluta, o la campaña a favor de un soterrado no en el referéndum sobre la OTAN.

Fuentes de CDC admiten que fue Pujol, y no Roca, como se dijo, quien con mayor decisión diseñó la posición de CDC en el referéndum, pese a su condición de antiguo y no ambiguo proatlantista.