El Gobierno estudia mañana la nueva regulación, "más flexible", sobre el aborto

El Consejo de Ministros de mañana estudiará, y seguramente aprobará, un real decreto sobre la práctica del aborto en centros y establecimientos sanitarios. El proyecto supone, de acuerdo con la opinión de diversos juristas y especialistas consultados, una notable "flexibilización" en relación con la normativa vigente, al legalizar las clínicas privadas y suprimir la existencia de las comisiones de evaluación que, en la práctica, suponían un freno para muchas mujeres que deseaban abortar. También se autorizarán los abortos a mujeres que lleven más de tres meses embarazadas.

El proyecto, estudiado ayer por la comisión de subsecretarios y que mañana será debatido en la reunión del Consejo de Ministros, establece dos clases diferentes de centros acreditados para la práctica legal del aborto: los primeros servirán para los casos "que no impliquen alto riesgo para la mujer embarazada y no superen las doce semanas de gestación", y en ellos no se exigirá la existencia de quirófano -contra lo que pedía la Organización Médica Colegial, que también se mostró crítica contra la clasificación de centros en dos clases diferentes-.Los segundos centros, "para la práctica de abortos en embarazos con alto riesgo para la embarazada o con más de doce semanas de gestación", deberán contar con "unidades de obstetricia y ginecología, laboratorio de análisis, anestesia y reanimación y banco de sangre correspondiente", de acuerdo con el apartado 2 del artículo 1 del texto, al que tuvo acceso EL PAÍS. Este apartado supone, pues, la introducción de la posibilidad de abortar para las mujeres que lleven más de tres meses embarazadas.

Cuarta indicación

El proyecto de real decreto consta de nueve artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En la exposición de motivos se afirma que este texto "viene a precisar y facilitar el estricto cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios"exigibles en el reformado artículo 417 bis del Código Penal.Este artículo declara no punible la práctica, del aborto en los supuestos de "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada".

En opinión de algunos juristas consultados, así como de algunos expertos del Ministerio de Justicia, el real decreto que será estudiado mañana por el Gobierno "supone, de hecho, aunque no de derecho, la introducción de la cuarta indicación -razones socioeconómicas- en los supuestos de aborto Iegal", al suprimir las comisiones de evaluación y legalizar las clínicas privadas dedicadas a estos menesteres.

Fuentes gubernamentales admitieron que la preparación de este proyecto de real decreto se aceleró a raíz de las detenciones sufridas por abortistas, médicos y enfermeras en Salamanca y Málaga. La redada policial en esta última ciudad fue criticada incluso por dirigentes locales del PSOE, partido al que pertenecía el director de la clínica, Germán Sáenz de Santa María, quien fue encarcelado.

En el supuesto de que el aborto se practique para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, "se consideran acreditados para emitir el dictamen los médicos de la especialidad correspondiente".

Si se practica el aborto por presumirse que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, el dictamen tendrá que ser emitido por dos médicosespecialistas. El artículo 9 del texto indica que la no realización de la práctica del aborto habrá de ser comunicada a la interesada con carácter inmediato, al objeto de que pueda con el tiempo suficiente acudir a otro facultativo; en todo caso, se garantizará a la interesada el secreto de la consulta".

Funcionarios del Ministerio de Sanidad puntualizaron que, bajo ningún supuesto, puede un médico ser obligado a practicar un aborto contra su voluntad.

Los medios gubernamentales consultados subrayaron que el preceptivo dictamen del Consejo de Estado -presidido por el ex ministro socialista Tomás de la Quadra Salcedo- dio "luz verde" a la nueva regulación del aborto, "con muy escasas objeciones y recomendaciones".

Entre estas recomendaciones se contiene la de que se mantengan las comisiones de evaluación, aunque se encuentra expresada en términos muy medidos: "A la vista de la observación formulada por el Consejo General de Colegios Médicos, convendría que el Gobierno valorara la posibilidad de mantener las Comisiones de Evaluación que hoy prevé el artículo 3 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1985" (derogada por el real decreto en estudio).

Funcionarios de los Ministerios de Justicia y Sanidad se mostraron ayer "muy molestos" ante las "manipulaciones" de algunos medios informativos, que presentaron el dictamen del Consejo de Estado como "negativo" y conteniendo "serias objeciones" contra el proyecto gubernamental.

100.000 casos al año

Estos mismos medios confian en que la aprobación de este proyecto de real decreto contribuya a solucionar la "anómala y ridícula situación que hace que, en la actualidad, de las más de 100.000 españolas que se estima que abortan cada año, solo unas 1.000 lo hagan en condiciones de legalidad, seguridad y economía suficientes".Se calcula que, de esos 100.000 abortos anuales, alrededor de la mitad se producen en España, la mayor parte de ellos en la decena de clínicas clandestinas existentes en diversas comunidades autónomas, clínicas cuya existencia legalizará este real decreto. Sin embargo, un número indeterminado de esos abortos en España se produce mediante la utilización de métodos caseros que, solo en el último año, provocaron la muerte de ocho mujeres.

La acreditación de los centros privados quedará condicionada "al efectivo cumplimiento de las condiciones médicas adecuadas para la salvaguardia de la vida y la salud de la mujer".