Las tinieblas de Rumasa

LA REPRIVATIZACIÓN de Rumasa puede costarle al Gobierno socialista un justo castigo por culpa de su oscurantismo informativo. De hecho, los niveles de comunicación en el área económica de la Administración han sufrido un considerable retroceso no sólo respecto a la anterior legislatura, sino por comparación con cualquiera de los Gobiernos de Unión de Centro Democrático. Y no ya refiriéndonos al asunto Rumasa, sino con carácter general.El ministro de Economía y Hacienda se lamentaba en las Cortes, en la reciente interpelación formulada por el diputado popular Luis Ramallo, de los que "tratan de hacernos creer ahora que Rumasa era un paraíso de organización". Pero nadie más que él será el responsable de semejante travestismo. La nebulosa informativa del Gobierno en el tema Rumasa viene de lejos y en muchos momentos da la sensación de que el asunto es considerado como algo de exclusiva responsabilidad de Miguel Boyer (ahora fuera del Gabinete) y no del equipo que dirige la política económica desde hace año y medio. Que se sepa, por ejemplo, el contrato de compraventa de Galerías Preciados no salió nunca a la luz pública porque los responsables del Patrimonio del Estado -dirección general de la que dependió Rumasa a raíz de la expropiación- argumentaron que "no se podía dar publicidad a un contrato privado".

Si el Ejecutivo hubiera obligado al Patrimonio del Estado a ser más transparente en el proceso, seguramente -por poner otro ejemplo de escándalo- no se hubiera cometido el dislate (que ha costado muchos miles de millones de pesetas al contribuyente) de adjudicar la constructora estrella de Ruiz-Mateos, Hispano Alemana de Construcciones, a un "poderoso grupo constructor internacional" inexistente, llamado Transworld Construction, amañado por un aventurero europeo a quien prácticamente ahora ha sido necesario invitar a abandonar España. Cuando el esquema ha sido el contrario y se han puesto luz y taquígrafos a trabajar, se consiguieron los resultados más lucidos: venta de la división inmobiliaria de Rumasa y de su portaestandarte, las Torres de Jerez.

A estas alturas del proceso de reprivatización, cuando éste se puede dar por concluido a falta de algunos retazos, es hora de que el máximo responsable de la operación, el Ministerio de Economía y Hacienda, haga un balance en profundidad de la enajenación, con todos los números y circunstancias de la misma. Sólo así se podrán corregir las sospechas de irregularidades, denunciadas con detalle en el Congreso de los Diputados y ante la opinión pública por el diputado popular Luis Ramallo. El bochornoso espectáculo al que estamos asistiendo, con dos diputados que casi se insultan y se amenazan con tribunales, y la actitud grotesca de Ruiz-Mateos, que ahora pide claridad donde todo fue oscurantismo y ficción, sólo pueden ser borrados con un balance oficial de cuánto, cómo y dónde se ha gastado o se ha ingresado para hacer de las antiguas posesiones de Ruiz-Mateos patrimonio privado.

De no ser así, las autoridades estarán dando alas a cualquier tipo de rumores y fabulaciones. Y de paso, estarán convirtiendo a José María Ruiz-Mateos en una especie de víctima propiciatoria. Es sarcástico contemplar el aula magna de la Facultad de Derecho de Madrid repleta de alumnos, escuchando al antiguo financiero jerezano como abanderado de la claridad informativa, mientras siguen vigentes todas las acusaciones judiciales contra él por burlar el Código de Comercio y las normas fiscales y de Seguridad Social vigentes en España.