El SIDA, en la urnas

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha pasado en California de ser un problema sanitario a ser un conflicto político. Una propuesta electoral, que de ser aprobada obligaría a vigilar a quienes padecen el SIDA o son portadores del virus que lo propaga, ha trasladado la cuestión de los hospitales a la arena política. En juego se hallan miles de vidas. Se estima que en California hay más de 300.000 personas afectadas por el virus. En San Francisco, el SIDA es ya la cuarta causa de mortalidad.

La propuesta que van a votar el próximo martes los californianos pide que el SIDA sea considerado, una "enfermedad declarable", y, por tanto, que todos aquellos que la padecen o aquellos que han estado en contacto con el virus que la causa sean sometidos a la legislación que se aplica en estos casos. Es decir, que los afectados o posibles afectados han de ser sometidos a análisis obligatorios; y pueden llegar a ser recluidos, en cuarentena.Desde 1981 y hasta el pasado mes de septiembre se han declarado en Estados Unidos 26.875 casos de SIDA, de los que 15.070 se han resuelto en muerte. Para California, esas cifras quedan en 5.992 casos, con 2.966 muertes. En San Francisco, junto con Los Ángeles y Nueva York, uno de los grandes focos de infección, se producen mensualmente alrededor de 100 nuevos casos. San Francisco esta considerada como la capital gay de Estados Unidos.

Se estima que hay en el país 1,5 millones de personas que son portadoras del virus, aunque no todas desarrollarán el síndrome, que supone la destrucción del sistema inmunológico del organismo. De aquí a cinco años, según predicciones gubernamentales y de la comunidad médica norteamericana, habrá 270.000 enfermos y se habrán producido 180.000 muertes.

"Si no se imponen inmediatamente medidas para detener la expansión de esta mortal enfermedad, el SIDA será pronto la principal causa de muerte en Estados Unidos", vaticina Khushro Ghandhi, autor de la proposición 64. En esto están de acuerdo quienes se oponen a la propuesta. Es en lo único que coinciden unos y otros.

La llamada iniciativa anti SIDA ha sido auspiciada por Lyndon LaRouche, un enigmático personaje con un errático activismo político que lo llevó del trosquismo a la extrema derecha, en la que actualmente se encuentra, y que cree ver en Isabel II de Inglaterra el cerebro del tráfico mundial de droga y en Henry Kissinger a un agente de Moscú. LaRouche y sus seguidores tienen una particular fobia hacia los homosexuales, el grupo más numeroso de los afectados por el SIDA, y a través de la propuesta pretenden someterlos a control. "No odio a los homosexuales, odio el sistema de vida homosexual", dice William Dannemeyer, congresista republicano en el Parlamento de California y uno de los escasos hombres públicos que apoyan la iniciativa.

Los partidarios de la propuesta sostienen que el virus puede propagarse a través del contacto casual con un portador y que puede ser transmitido por mosquitos. Apoyan esta tesis dos médicos norteamericanos. Un tercer facultativo británico con el que contaban los larouchistas para reforzar su tesis dice que tales ideas "son erróneas; son exageraciones, pero [LaRouche] es un político ¿no es verdad?".

A tan escasas fuerzas, aliadas con el miedo que en la calle produce lo desconocido, se enfrentan desde las asociaciones de médicos, enfermeras y hospitales de California a la Cruz Roja norteamericana. Los obispos católicos californianos, junto con los partidos demócrata y republicano, también están en contra de la proposición, al igual que todas las figuras políticas del Estado. Las últimas declaraciones en este sentido las han realizado C. Everett Koop, cirujano general, con un cargo equivalente a ministro de Sanidad, y un destacado grupo de miembros del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias.

"La cuarentena no es el modo de tratar el SIDA, porque el SIDA no se extiende por contacto casual", ha dicho Koop. "Creo que la propuesta debería ser rechazada".

Obligatorio informar

De ser aprobada la iniciativa, sería obligatorio informar sobre las personas que tienen el virus, y las autoridades sanitarias deberían realizar análisis a millones de individuos para localizar a todos los portadores del virus. Quienes discuten el plan calculan que 100.000 personas con trabajos en la hostelería o en la educación podrían ser despedidas por padecer una enfermedad calificada de contagiosa. Un estudio realizado en la universidad de Berkeley estima que el coste de tales medidas no sería inferior a los 2.350 millones de dólares.Los críticos insisten en que el virus sólo puede transmitirse en circunstancias muy concretas -por medio de relaciones sexuales con una persona afectada, a través de una jeringuilla contaminada o mediante una transfusión de sangre que contenga el virus-, y que por ello el SIDA no se propaga como una enfermedad infecciosa convencional. Dicen también que la aprobación de la proposición 64 haría desaparecer los fondos para la investigación, al tenerse que dedicair todos los esfuerzos presupuestarios al seguimiento de los enfermos, y que "la gente no se sometería a análisis para arriesgarse a ser fichado y puesto en cuarentena", en palabras de Mervyl Silverman, de la Asociación Médica de California.

En consecuencia, deducen, la enfermedad se extendería a mayor velocidad. "Hay que dejar la política fuera de esto y reducirlo a una cuestión sanitaria", dice Silverman. En cuestiones de sanidad, la iniciativa correspondea los médicos y no a las urnas, declaran los que se oponen a la propuesta. Los críticos han realizado una intensa campaña propagandística entre una población del Estado, que en un 60% de los casos considera al SIDA como el principal problema sanitario de California. Los resultados de la campaña son descorazonadores para ellos. La mitad de la población no tiene criterio formado sebre la proposición, que aprueba el 16% de los encuestados y rechaza el 35%.