Argentina cree que Reagan dio su aprobación a Thatcher para fijar la zona de exclusión pesquera en las Malvinas

"Los viajes oficiales a La Habana se pagan, y bastante caro, en América Latina", es el comentario generalizado en medios diplomáticos y periodísticos acreditados en Buenos Aires. Bien debía de sospecharlo el presidente Raúl Alfonsín cuando, al proyectar su última visita a la URSS y Cuba, solicitó al Gobierno español una dilatada escala técnica en Madrid, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid -día de la Hispanidad, 12 de octubre-, para equilibrar sus estancias en capitales como Moscú y La Habana. El Gobierno español y los Reyes le brindaron y ofrecieron sus mejores cortesías. La recepción en Estrasburgo del Premio a los Derechos Humanos, otorgado por el Parlamento Europeo, terminaba de equilibrar el malhadado viaje.

No fue suficiente. El comandante Fidel Castro arrojó a las calles de La Habana a 300.000 cubanos agitando banderas argentinas, paseó a Alfonsín por la capital y le sumergió sobre la lluvia del trópico entre las mulatas del cabaré Tropical: el primer mandatario occidental y para nada marxista que Castro recibía en muchos años. Lo dicho: los viajes a La Habana se pagan, y muy caro.No de otra forma se explica en Buenos Aires el moderado comunicado de la Secretaría de Estado norteamericana sobre el nuevo contencioso argentino-británico por la amplición a 150 millas de la zona de extensión en derredor de as islas Malvinas. Aceptando esta circunferencia de exclusión en el mar Argentino, jamás litigado, se sospecha en Buenos Aires que Gran Bretaña, como durante la guerra anglo-argentina de 1982, ha obrado con la anuencia de la Administración de Ronald Reagan.

Por otra parte, no es ningún secreto aquí que la embajada del imperio -la de Estados Unidos- carece del menor interés por contemplar factorías pesqueras soviéticas en las costas del Atlántico sur o buques de la URSS congeladores de altura operando en sus aguas. Así, la impresión generalizada es que Gran Bretaña ha dado su paso atropellador sobre seguro, con respaldo de sus primos norteamericanos. Por ello, la Prensa porteña invoca el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), signado en Río de Janeiro en 1945 y cadáver institucional tras la guerra de las Malvinas, por ver si ese muerto favorece la defensa continental o sólo a uno de sus firmantes.

El presidente Alfonsín está pegado al teléfono y el jueves habló durante al menos media hora con el presidente Reagan. Su canciller, Dante Caputo, se reunió también el jueves con el Senado argentino en sesión a puerta cerrada, calificada como de insuficiente por la oposición justicialista. Caputo destacó que la ampliación británica de exclusión a 270 kilómetros podría provocar incidentes armados y que el riesgo existe ya, aunque técnicamente la exclusión no impere hasta el 1 de febrero de 1987.

Desmilitarizar

No obstante, el Gobierno argentino ha puesto énfasis en desmilitarizar la invasión británica de sus propias aguas jurisdiccionales, aclarando que las maniobras que se están llevando a cabo en la Patagonia (4.000 hombres, siete generales) estaban previstas de antemano. Sólo la aviación naval y terrestre quedará en alerta para el patrullaje del mar Argentino. Se ha confirmado igualmente la suspensión de licencia anticipadas para la clase de 1967 ahora bajo bandera.

Mayor importancia para la política interna del país es la confirmación del comité militar de asesoramiento al presidente: un gabinete de crisis compuesto por los jefes de Estado Mayor de las tres armas, legisladores y el canciller. De la mejor fuente, pero que no quiso ser identificada, se puede asegurar que el Gobierno ha tenido que desplegar su máxima energía para controlar los ánimos exaltados en una base aérea del sur del país.

Muy escasas esperanzas se albergan en Buenos Aires de que alegatos internacionales ante las Naciones Unidas, el TIAR o ante el buen sentido de la comunidad de las naciones alivien a la República Argentina de esta agresión. El país, ahíto de la mejor carne del mundo, sin cocina nacional fuera de las pastas aportadas por la inmigración italiana, desdeña el pescado hasta el asco. Y en los caladeros vírgenes de su mar austral reside parte de la riqueza que permitiría al país sufragar una deuda externa que jamás se ha negado a pagar.

Pero no es éste un problema de más o menos peces. Es el problema del control por Occidente del Atlántico sur, la necesidad subjetiva, de erradicar de él bases pesqueras del Este y el doblete de pago obligado por viajes oficiales a La Habana.

[El presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, invitó ayer a los cancilleres de Argentina y Brasil para que, junto con el de Uruguay, analicen mañana, en Punta del Este, la situación del Atlántico sur tras la creación por parte del Reino Unido de la zona de exclusión en torno a las Malvinas, informa Efe].

[El Foreign Office británico, por su parte, precisó ayer que había decretado "una zona de limitación de la pesca" 200 millas alrededor de las Malvinas, pero que ejercerá el control sólo sobre 150 millas por razones a la vez prácticas y geográficas, informa France Presse].