El Gobierno reordenará en 1987 la financiación del sector público para reducir los costes

El Ministerio de Economía y Hacienda proyecta ordenar en 1987 toda la financiación del sector público, con el fin de reducir su coste. Para ello ha pretendido ampliar sus competencias legales, hasta ahora más limitadas de cara al mercado interior que al exterior. La autorización específica que deseaba no aparece en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1987 enviado por el Gobierno a las Cortes. Pero el departamento que dirige Carlos Solchaga mantiene sus propósitos. También a partir del próximo año el Tesoro podrá cobrar comisión, por los avales que preste el Estado, en los que habrá un tope de 75.000 millones de pesetas.

Para respaldar legalmente sus planes, Economía trató de incluir en el proyecto de ley de presupuestos una disposición que le permitiera coordinar y ordenar la financiación "interior y exterior" de los organismos autónomos, entidades y empresas públicas, bajo el mandato explícito de "reducir el coste financiero global y los riesgos de cambio asumidos".La coordinación de la salida a los mercados exteriores ha sido desempeñada en los últimos años por la Comisión Interministerial de Financiación Exterior (Cifex), cuyas pautas serán seguidas en el ftituro también para los interiores.

De esta forma podrá ser ordenada toda la financiación del sector público. El Gobierno ya tiene ciertas competencias de coordinación en las salidas al exterior de las corporaciones locales, que deben comunicar sus planes, y de las comunidades autóriomas, a través de cuyo Consejo de Política Fiscal y Financiera Economía conoce sus emisiones de deuda.

Las deudas a medio y largo plazo del sector público empresarial, según el primer balance que realizó del mismo recientemente la Intervención General del Estado, relativo a 1984, superan los tres billones de pesetas. Sus compromisos a corto plazo se aproximan a otros dos billones.

Deuda exterior

En conjunto, el sector público debe al exterior unos 16.000 millones de dólares (dos billones largos de pesetas), de los cuales algo más de la mitad corresponde a empresas públicas no financieras, y sólo unos 250 millones de dólares a las comunidades autónomas y corporaciones locales, que empezaron a salir al exterior en 1981. En el mercado interior, sin contar al Estado, cuyas emisiones vivas superan los 10 billones de pesetas de deuda, el resto del sector público no empresarial tiene 1,2 billones de crédito del sistema bancario y cerca de 0,3 billones de pesetas en emisiones de fondos públicos.Según fuentes de Economía, el principal trabajo de ordenación de la financiación se volcará en el mercado interior y estará centrado en las empresas públicas, que han reducido su deuda exterior durante los dos últimos años en unos 1.000 millones de dólares. Mientras que las amortizaciones anticipadas tenderán a remitir por la previsible apreciación del dólar, en los mercados interiores todo parece indicar que continuará el proceso de baja de los tipos de interés, al menos de los nominales. En el mercado monetario, que situó sus tipos el pasado año casi cinco puntos por encirna de los registrados por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, las perspectivas apuntan a que el diferencial se reduzca a tres puntos.

Avales

Por otra parte, en los avales que preste el Estado durante 1987 para deudas al exterior, cuyo tope ascenderá a 75.000 inillones de pesetas, adicionales a los 600.000 millones de saldo actual, el Tesoro podrá Cobrar la comisión que determine el Ministerio de Economía y Hacienda. El proyecto de Presuplaestos prevé al respecto que sea considerada como ingreso, y fija para lamisma un tope del 2%.En el límite de 75.000 millones fijado para los avales no se incluirán las operaciones que impliquen cancelación de otros anteriores. Para el mercado interior, las garantías estatales serán destinadas al Instituto Nacional de Industria (INI), por un importe de 50.000 millones de pesetas, y a la Renfe, por otros 45.000 millones de pesetas., Por su cuenta, el INI quedará autorizado a avalar a sus empresas hasta 200.000 millones; de pesetas, y el Instituto Nacional de Hidrocarburos, otros 15.000 rnillones. En principio, estas autorizaciones eran de 150.000 y 30.000 millones, pero el Gobierno decidió a última hora modificarlas.