Maltrato, no; aborto, sí

L. D., de 23 años, es una joven madre de cuatro hijos que el pasado día 16 ingresaba en la prisión provincial de Pamplona por orden de un juez ante el que se había presentado al saber que era buscada por la policía. Está acusada de abortar por su marido, a quien había denunciado semanas antes por presuntos malos tratos y se había acogido a la protección de un hogar para mujeres maltratadas. Ahora se encuentra en libertad provisional. L. D. está nuevamente embarazada de dos meses y medio. Su marido acudió a la policía para acusarla de abandono del hogar y aborto.

Lo que su marido no dijo a la policía es que L. D. había presentado contra él una denuncia por malos tratos ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Provincial de Navarra el día 9 de septiembre, pocos días antes de que él acudiera a comisaría. La denuncia iba acompañada del parte del médico forense que la atendió el día 4 de septiembre en la residencia Virgen del Camino, de la Seguridad Social, a consecuencia de una presunta paliza propinada por su marido. Agentes de la Policía Municipal habían conducido a la joven madre al albergue para mujeres maltratadas, un servicio dependiente del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento pamplonés.El albergue la acogió el día 4 de septiembre, y no era la primera vez que conocían su situación. En el mes de julio de 1984 se personó en el mismo lugar solicitando ayuda y asesoramiento ante los malos tratos que recibía. Según una denuncia pública realizada por las responsables del centro, L. D. tuvo que ser atendida en el hospital de Navarra durante el embarazo de su tercer hijo a consecuencia de las agresiones sufridas a manos, presuntamente, de su marido, actualmente sin trabajo fijo. La historia de L. D. es una historia de miedos, en la que no hay nombres.

Tras la denuncia del marido en comisaría, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona dictó una orden de detención contra ella el día 12 de septiembre, ya que el denunciante aseguraba que L. D. había viajado a Madrid, donde tiene algunos parientes, y sugería que pudiera haber abortado nuevamente. El marido, además, aportó como prueba del primer aborto la tarjeta de un médico bilbaíno, facilitada a su mujer, presumiblemente, por un centro de planificación familiar de Pamplona, y en cuya consulta se produjo la intervención, según afirma el demandante.

Ingreso en prisión

La joven, al saber que la buscaban, se presentó el pasado día 15 en el juzgado. De allí la enviaron a la comisaría de policía. Pasó a los calabozos de la jefatura y el martes 16 de septiembre el juez decreta su ingreso en prisión "para aclarar su situación personal". El magistrado -que no quiso facilitar su identidad- asegura que la joven reconoció ante la policía haber abortado, pero que posteriormente no ratificó su autoinculpación ante el juez "por temor a las posibles consecuencias del hecho".Es en este momento cuando los responsables del Centro Municipal de la Mujer hacen público el asunto y a través de una amplia denuncia señalan que L. D. vive una rutinaria cadena "de malos tratos, amenazas y violaciones" por parte de su marido. Aclaran que la joven ha iniciado los trámites de separación, y que el marido obligaba a su mujer, de escasa cultura e igualmente sin trabajo fijo, a practicar la mendicidad con su hijo mayor para obtener algún dinero. El centro informa que el día 9 de septiembre se presentó en el juzgado de familia de Pamplona una solicitud de "medidas provisionalísimas" en las que se solicita que inmediatamente los hijos pasen a la custodia de la madre. El centro afirma que L. D. ha llegado a temer por su vida, que el padre no proporciona ningún cuidado a los niños, que el pequeño, de un año, se encuentra enfermo y que, en definitiva, el marido denunció a su mujer en represalia por haber tenido el valor de intentar acabar con todo ello.

Cambio de actitud

En la calle, un centenar de mujeres se manifiestan encarteladas ante el juzgado pidiendo la libertad de L. D. y acciones judiciales contra su marido, al que la justicia no ha molestado en absoluto a pesar de las denuncias firmes contra él.El paso por la cárcel ha determinado un cambio brusco en la actitud de L. D., que tras ser puesta en libertad, acudió al día siguiente, 18 de septiembre, al juzgado de familia, acompañada sorpresivamente de su marido, para retirar los trámites de separación, y regresó a su domicilio conyugal. El esposo llegó a presentarse en la comisaría donde denunció a su mujer para retirar una denuncia que ya es imparable. Las abogadas que seguían el caso pierden contacto y en el centro donde la atendieron no saben nada de ella.

El mismo día 18, L. D. se personó en el juzgado, donde un médico forense certificó que continúa embarazada. Según el juez que la encarceló, los aspectos relativos a los malos tratos y los partes médicos de los centros donde fue atendida de las agresiones son circunstancias que podrán ser añadidas al sumario por la Audiencia de Bilbao, a la que han sido remitidas las diligencias cautelares, ya que, al parecer, "el hecho delictivo", se cometió en aquella ciudad.

El magistrado señala que los presuntos malos tratos a los que ha sido continuamente sometida por su marido podrán ser añadidos al proceso como meros eximentes, "pero no pueden entorpecer la investigación de un presunto hecho delictivo".