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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La obstinacion de los precios

A PESAR del optimismo con que ha sido presentado el índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al mes de agosto no ha sido tan favorable como se ha dicho. La relativa moderación de la cifra -un 0,3%- se explica esencialmente por la desaceleración de los precios de los productos alimenticios después de las subidas desbocadas de junio y julio, meses en los que crecieron un 1,8% y un 2,2%, respectivamente. Por su parte, los precios del resto de los bienes y servicios que componen el índice aumentaron en un modesto 0,2%, lo cual podría dar pie a una interpretación positiva si no fuera porque tradicionalmente el mes de agosto no es alcista, pues, entre otras circunstancias, un gran número de comercios cierra sus puertas; si se toma como punto de referencia lo sucedido el mismo mes del año anterior, la ganancia en este terreno se reduce a una décima de punto, y no puede interpretarse como representativa de una tendencia.De momento, y comparando con el mes de agosto del pasado año, los precios están creciendo a un ritmo del 9,5%, lo cual está fuera de proporción no sólo con las previsiones del Gobierno, sino, fundamentalmente, con lo que sucede fuera de nuestras fronteras. En Alemania Occidental, los precios no se han movido durante todo este tiempo, y en Francia el aumento ha sido del 3 %. Dicho de otra manera, el diferencial de inflación se ha abierto considerablemente con los países de nuestro entorno, y, aunque es previsible que los precios se moderen de aquí a fin de año, resulta difícil admitir las tesis oficiales según las cuales aún podemos terminar 1986 con un aumento de solo el 8%.

Los responsables de la Administración aducen en apoyo de sus argumentos que una parte del incremento de los precios se debe a la introducción del IVA a principios de año. Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio -o al menos no se ha publicado- para determinar con exactitud la incidencia de este nuevo impuesto sobre los precios de consumo. La tesis más difundida es que el impacto ha sido del orden de dos puntos porcentuales y que se ha centrado fundamentalmente en los precios de los productos alimenticios. Esta estimación es interesante porque permite evaluar, siquiera aproximadamente, lo que podría llamarse la tasa de inflación subyacente de nuestra economía. Para ello es preciso tomar como punto de partida el crecimiento medio de los precios a lo largo de todo el año, magnitud que se situará en torno al 8,5%. Si de esta cifra deducimos los dos puntos de incidencia del IVA, obtenemos un 6,5% como indicador de la tendencia de fondo de la evolución de los precios de consumo en España. Pues bien, incluso esta segunda cifra es considerablemente superior al promedio de las referentes a los otros países de la CEE.

Las razones de esta evolución son de muy variado signo, pero hay dos sobre las que conviene meditar. La primera es la evolución de los salarios, que han invertido a partir de la primavera la tendencia a la desaceleración que venía produciéndose desde hace varios años. La segunda deriva directamente de la decisión de las autoridades económicas de trasladar sólo parcialmente a los agentes interiores la caída de los precios del petróleo, contrariamente a lo llevado a cabo en la mayoría de los países desarrollados. El motivo de esta actitud se encuentra en la necesidad de reducir el déficit público; el resultado ha sido favorable para la recaudación, pero las repercusiones sobre el índice de precios no podían ser, en ningún caso, positivas.

Paradójicamente, esta evolución va a proporcionar cierto margen de maniobra a las autoridades el año próximo, pues, si los precios del petróleo permanecen en el nivel actual o incluso si suben moderadamente, tendrán abierta la posibilidad de reajustar a la baja el precio de algunos derivados si desean reducir la tasa de inflación. Pero el verdadero problema subyacente seguirá siendo la incontinencia del gasto público y la incapacidad del Gobierno para controlarlo o moderarlo.

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