Magistrados, conservadores y progresistas coinciden en que deben respetarse las decisiones judiciales

Representantes de los dos colectivos de jueces rechazaron ayer el apoyo gubernamental a la incomparecencia de guardias civiles ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, María Elisabeth Huertas. José Gabaldón, presidente de la Asociación Profesional de la. Magistratura (APM), manifestó que "el respeto a las decisiones judiciales es necesario en un Estado de derecho". Jueces para la Democracia calificó de "intolerable" la actitud del Gobierno y pidió la dimisión de Juan Antonio Xiol, director general de Justicia.

Gabaldón manifestó que para poder opinar solventemente sobre la materia sería preciso conocer los antecedentes de la resolución judicial incumplida y añadió que, tratándose de una cuestión sub judice, "es particularmente dificil y arriesgado para. un colectivo de jueces". En todo caso, y a título personal, el presidente de la conservadora AFM dijo lo siguiente: "remontándome a los principios, para mí, como juez, en un Estado de Derecho, es necesario el respeto a las decisiones judiciales que, si no se ajustan a la ley, deben corregirse por los recursos ordinarios y extraordinarios existentes". A estos efectos, se refirió a la intervención del fiscal y sugirió que, en caso de no existir medios adecuados para resolver situaciones de excepción, deben adoptarse, a través de las oportunas disposiciones legales.El comité permanente de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia se reunió ayer en la sala de juntas del edificio de los Juzgados de Madrid. Tras recibir la información que personalmente suministró María Elisabeth Huertas, acordó por unanimidad expresar su preocupación por lo que califica de intolerable respaldo gubernamental a los guardias civiles citados legalmente en una investigación judicial para esclarecer la existencia de torturas y por la forma en que se ha presentado a la opinión pública. la actuación de la juez Huertas.

Jueces para la Democracia señala: "el tema es todavía mucho más preocupante si se tiene en cuenta. que hechos como el investigado se dan en el ámbito de la actuación de fuerzas cuyo control corresponde directamente al Ejecutivo, y bajo su responsabilidad por tanto", "y que la jurisdicción, a. la que: ahora trata de convertirse en chivo expiatorio, al perseguir todas las conductas incriminables con Independencia de la calidad de los posibles sujetos activos, actúa en el más riguroso cumplimiento de su deber constitucional'.

La asociación Judicial progresista reprocha especialmente al director general para las Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol, "el respaldo explícito prestado al incumplimiento de un acuerdo legítimamente adoptado por el juez competente". [Se refiere a las declaraciones hechas por Xiol el pasado viernes a través de TVE, en las que justificó la incomparecencia de los guardias civiles en el riesgo de sus derechos fundamentales a la integridad física, seguridad y derecho a la defensa, y excluyó que: pudieran incurrir en el delito de denegación de auxilio a la justicia, por quedar excluidos los supuestos en los que la orden judicial sea manifiestamente ilegal.]

En opinión de Jueces para la Democracia, "arrojar falsas sospechas de ilegalidad sobre la actuación de un magistrado, que además no ha sido en ningún caso recurrida por el Ministerio Fiscal presente en la causa, y hacerlo, como es el caso del citado director general, desde una sede gubernamental y en un medio público, puede constituir, además de un serio atentado a los fundamentos ideales del sistema democrático, un supuesto previsto en el Código Penal".

Que dimita Xiol

En consecuencia, entre otras medidas, se insta al Ministerio Fiscal para "el ejercicio de las acciones pertinentes", y se pide "la inmediata dimisión de Juan Antonio Xiol Rius como director general para las Relaciones con la Administración de Justicia, por entender que desde ahora queda plenamente inhabilitado para el desempeño de este cometido". En respuesta a los preceptos jurídicos invocados por Xiol, Jueces para la Democracia señala que artículos como los 299 y 789 de la ley de Enjuiciamiento Criminal confieren al juez instructor competencia para acordar las investigaciones necesarias en relación con el delito, sus circunstancias y "las personas que en él hayan participado".

Jueces para la Democracia recuerda que la investigación se refiere a hechos en los que se dan "indicios de la mayor consistencia de haberse ejercido actos de tortura sobre un detenido", que los verdaderos responsables de estas diligencias son las autoridades policiales que se niegan sistemáticamente a depurar las conductas de los funcionarios y que los reconocimientos en rueda se celebran con todas las garantías y la conformidad y presencia del fiscal.