El Gobierno argentino amnistía la fuga de capitales y la economía sumergida

El equipo económico del Gobierno argentino envió al Parlamento un proyecto de ley por el que se pretende legalizar la fuga de capitales y parte de la llamada economía negra, calculada en 90.000 millones de dólares. El blanqueo evitará a los evasores declarar el origen del patrimonio y los beneficios acumulados dentro o fuera del país a cambio de un impuesto único con una tasa muy baja de interés.

Salvador Treber, uno de los directores del Banco Central hasta que fue obligado a renunciar la semana pasada, advirtió que "el blanqueo significa un manto de olvido total al vaciamiento del país", producido durante la dictadura. Según Treber, legalizar los fondos evadidos "implica cerrar para siempre la investigación posible sobre la existencia de una parte de la deuda externa ilegítima".El propio ministro de Economía, Juan Sourrouille, había desestimado la posibilidad de una ley semejante hace menos de tres meses.

La ley ha sido impulsada por el desequilibrio presupuestario y la urgencia por recaudar fondos para compensar el déficit del Tesoro. El Gobierno espera recaudar unos 800 millones de dólares en un plazo de seis meses. El volumen de la economía sumergida dentro del país es el doble de la legal y se calcula que maneja alrededor de los 90.000 millones de dólares. Algunos funcionarios estiman también que más de 10.000 millones de dólares de argentinos se encuentran depositados en cuentas exteriores.

Empresarios a favor

Los empresarios han recibido con críticas favorables la medida. Los pronunciamientos de las cámaras industriales señalan que de este modo se "sincera" la economía. Los sectores políticos, envueltos en sus luchas internas previas a la designación de candidatos para las próximas elecciones provinciales, se limitaron a cuestionar el proyecto sólo por su objetivo inmediato de recaudar fondos para cubrir el déficit del Tesoro.Algunos partidos de izquierda compararon el blanqueo con una ley de amnistía para los responsables de la política económica de la dictadura, que endeudaron al país en 40.000 millones de dólares en sólo siete años de gestión. El blanqueo permitirá a los argentinos declarar sus pertenencias de activos en el exterior -divisas, títulos de la deuda pública argentina, inmuebles y demás sin que deban justificar su origen. Quedarán liberados de toda acción civil, comercial o penal que pudiera corresponder por los delitos cometidos.

Todos los analistas coinciden en que el blanqueo y la repatriación de los capitales en el exterior es una operación de difícil pronóstico en el marco actual de la economía.