Polémica entre el Gobierno, la oposición y un sector de la magistratura por el control de la Escuela Judicial

La elaboración por el Ministerio de Justicia de un Proyecto de reglamento del Centro de Estudios Judiciales (antigua Escuela Judicial) ha sido objeto de críticas por un sector de la magistratura y algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recuerdan que el Tribunal Constitucional ha negado al Gobierno capacidad para dictar reglamentos que afecten al estatuto de jueces y magistrados. Por su parte, el diputado conservador José María Ruiz Gallardón se mostró "extrañadísimo" ante la iniciativa gubernamental y aseguró que equivale a "no haberse leído la sentencia" del alto tribunal.

El control del Centro de Estudios Judiciales fue uno de los temas polémicos durante la elaboración de la vigente ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El Gobierno, pese a las protestas del CGPJ, de mayoría conservadora, presidido entonces por Federico Carlos Sainz de Robles, lo adscribió al Ministerio de Justicia y mantuvo esta adscripción después del vuelco dado al CGPJ, que aseguraba una mayor conexión con la soberanía popular a través de la elección parlamentaria de sus 20 vocales.Con ocasión del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular, Ruiz Gallardón defendió que la potestad reglamentaria para desarrollar la LOPJ corresponde, al CGPJ. Por el contrario, el Gobierno, apoyándose en el artículo 97 de la Constitución, argumentó en favor de su propia competencia en la materia. El Tribunal Constitucional aceptó como regla general la tesis gubernamental, pero, en lo que se refiere a los jueces y magistrados, negó la potestad reglamentaria al Gobierno y aseguró que su estatuto "ha de venir determinado por ley, y más precisamente, por ley orgánica".

En su sentencia de 29 de julio de 1986 el alto tribunal señala que la necesaria independencia de los jueces y magistrados supone que "no pueden estar sometidos, en principio, a normas de rango inferior a la ley y, muy especialmente, a los reglamentos que pueda dictar el Gobierno". "Y ello no sólo en el ejercicio de la potestad jurisdiccional", añade, "sino también en su propio estado, pues lo contrario supondría la posibilidad de influir en su situación personal, con los riesgos que ello acarrea respecto a la misma función jurisdiccional".

Un alto cargo del Ministerio de Justicia confirmó a este periódico que el proyecto de reglamento comenzó a estudiarlo el jueves pasado la comisión de subsecretarios para su aprobación en un próximo Consejo de Ministros. Aseguró que el reglamento del Centro de Estudios Judiciales no afecta al estatuto de los miembros de la carrera judicial, "ya que regula el acceso al mismo cuando todavía el aspirante no es juez". Añadió que el régimen básico de la situación de jueces y magistrados se encuentra en la LOPJ, "con lo que se cumple el requisito de ser regulado por ley orgánica".

Sin embargo, Ruiz Gallardón se mostró "extrañadísimo" de que el Gobierno vaya a regular esta materia directamente, ya que, según dijo, "está expresamente excluida por el Tribunal Constitucional y reservada a ley orgánica. No se han enterado de la sentencia". Recordó que, además de los jueces que ingresan por oposición, el Centro de Estudios Judiciales tendrá que seleccionar y formar a los que ingresen directamente como "juristas de reconocida competencia" y a los que asciendan de categoría. "No es posible un reglamento; el Gobierno tiene que remitir un proyecto de ley orgánica al Parlamento", aseguró el diputado conservador.