La detención de la plana mayor de la Asamblea de la Civilidad descabeza a gran parte de la oposición chilena

La detención, en la noche del jueves, de la plana mayor de la Asamblea de la Civilidad dejó virtualmente descabezadas las principales organizaciones cívicas del país. Se encuentran detenidos representantes de médicos, maestros, académicos, ingenieros, jubilados, indígenas mapuches, mujeres, campesinos, estudiantes, artistas y profesionales. Ayer continuaron declarando ante la justicia 16 de los 18 dirigentes acusados por el Gobierno de violar la ley de Seguridad del Estado, por su convocatoria a la huelga general del 2 y 3 julio. Sólo uno de los que se presentaron ante el juez ha sido puesto en libertad tras el interrogatorio.

Las organizaciones a las cuales pertenecen los dirigentes comenzaron campañas de movilización en solidaridad con los acusados por el Gobierno. La Confederación de Dueños de Camiones, que en 1973 respaldó el golpe militar, llamó a sus bases a permanecer en "estado de alerta", y rechazó "la persecución del régimen".El Colegio Médico, cuyo presidente, Juan Luis González, encabeza también la Asamblea de la Civilidad, realizaba una asamblea extraordinaria en Santiago al cierre de esta edición para determinar las acciones que emprenderá, mientras en tres hospitales los facultativos suspendieron sus actividades. Se estimaba como lo más probable una huelga indefinida de los médicos en todo el país.

Grupos de profesionales firman masivamente declaraciones en las que afirman ser corresponsables de cualquier delito de que se acuse a sus dirigentes. La Unión Nacional de Pensionados -cuyo presidente, Lautaro Ojeda, de 83 años, también figura entre los detenidos- pidió que fueran también apresados el millón de jubilados chilenos que se adhieren a su dirigente.

Persecución policial

El Consejo de la Asamblea fue acusado por el Gobierno la semana pasada. Durante seis días, los 18 dirigentes de la Asamblea permanecieron en la semiclandestinidad, sin dormir en sus domicilios y reuniéndose en residencias de amigos. Entre tanto, sus abogados intentaron impedir que fueran detenidos por la policía antes de que se presentaran a declarar ante los tribunales.La policía mantuvo una estrecha vigilancia en los hogares de los dirigentes, y fue tres veces a buscar al médico González a su casa. La vivienda de Héctor Moya, dirigente de los camioneros, fue allanada en la noche del jueves. Los afectados se comunicaban ocasionalmente con sus familias mediante breves llamadas telefónicas.

Pero muchos de ellos no estaban acostumbrados al rigor de la vida semiclandestina. Hubo flaquezas y algunos fueron vistos en público reuniéndose con sus hijos y esposas en restaurantes.

Mientras el juez se negaba a tomar declaración a los acusados si no estaban previamente detenidos, el dispositivo de seguridad de la Asamblea tuvo un primer fallo: el jueves, el anciano Lautaro Ojeda fue detenido cuando llegaba a su apartamento. Otros nueve dirigentes, entre ellos Juan Luis González, se reunieron en la sede del Colegio de Abogados y decidieron marchar a pie hacia el Palacio de Justicia. Al salir, González leyó una declaración de la Asamblea que decía: "Porque no tenemos nada que ocultar, vamos a los tribunales con las manos y rostros limpios, la frente en alto, seguros de contar con el respaldo mayoritario de nuestros conciudadanos". Fueron detenidos de inmediato, mientras la policía reprimía a golpes de porra y chorros de agua a centenares de simpatizantes de los dirigentes.

Camino de los tribunales fueron también arrestados otros cuatro dirigentes, elevándose a 14 el número de detenidos. El coordinador de relevo de la Asamblea de la Civilidad, profesor Osvaldo Verdugo, alcanzó a llegar hasta el palacio judicial. Después de prestar declaración, quedó en libertad, y al salir dijo que "en esta noche negra tenemos la conciencia que estamos haciendo lo justo".

Otros dos dirigentes, María Traipe, de los indígenas mapuches, y Eduardo Valencia, de las barriadas obreras, no se habían presentado a los tribunales al cierre de esta edición. En cambio, Héctor Moya, de los camioneros, se entregó en la mañana del viernes.

La Asamblea de la Civilidad fundamentará su defensa culpando al Gobierno de la represión que ocasionó la violencia y diciendo que el pueblo se "autoconvocó" a la huelga general del 2 y 3 de julio. Sus abogados esperan obtener la libertad bajo fianza. La directiva de relevo, integrada entre otros por el líder sindical Rodolfo Seguel, dejó a cada organización integrante la responsabilidad de determinar cómo respaldará a sus dirigentes.

Entre tanto, el clima de violencia persiste en la capital. En el populoso sector de Cerro Navia, en la zona occidental de Santiago, tropas del Ejército que actuaron con las caras pintadas, carabineros y servicios de seguridad allanaron la barriada obrera de Lo Amor, y detuvieron a centenares de pobladores.

El allanamiento masivo, una práctica de amedrentamiento que se ha hecho habitual en los últimos meses, se prolongó desde la inadrugada hasta pasado el mediodía de ayer.