Corrución policial

LAS INVESTIGACIONEs que realizan tres juzgados, a partir de unas denuncias formuladas por un joyero santanderino, han conducido al descubrimiento de la implicación de dos comisarios y seis inspectores de policía en una red de corrupción que extiende, de momento, sus brazos por Madrid, Bilbao y la capital cántabra. Los delitos que empiezan a florecer en los sumarios incoados pasan por tipificaciones tan variadas como atracos, venta de armas, tráfico de drogas y desapariciones. La situación presenta un aspecto que, trascendiendo la anécdota, abre interrogantes sobre la eficacia desplegada por el Gabinete socialista en lo que se refiere a su política policial.Uno de los estribillos más frecuentemente esgrimidos por la oposición conservadora contra el Gobierno es la de los bajos niveles de seguridad ciudadana que existen. Pero ahora resulta que podemos, además, empezar a inquietarnos por la inseguridad en las comisarías y extender nuestro miedo no sólo a tipos que se presentan convencionalmente con la fisonomía de delincuentes, sino a otros vestidos de funcionarios. Respetando la presunción de inocencia que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, s. los cargos que han aparecido contra miembros de los cuerpos de seguridad se consolidan en condenas, nos encontramos ante la existencia de una verdadera organización del crimen diseñada y prácticamente ejecutada por los funcionarios del Estado encargados de la lucha contra aquél. La confianza que ha de inspirar la imagen de la policía en cualquier sociedad democrática sufriría con ello un deterioro de profundos efectos.

El anuncio formulado por los responsables del Ministerio del Interior de que actuarán con dureza contra las corrupciones que se den en su seno no ha pasado de ser una declaración de intenciones: seis meses más tarde de la aparición de la primera denuncia -en diciembre del pasado año-, aún no ha cristalizado esa amenaza en ninguna medida eficaz. La dimisión obligada del comisario Emilio Ballesteros, jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid -donde algunos de los policías acusados de corruptos se encontraban adscritos-, parece la típica búsqueda de una cabeza de turco. Las responsabilidades políticas por hechos así no sólo afectan al jefe de la brigada: se extienden a otros ámbitos.

El Ministerio del Interior ha decidido crear con vistas al futuro una Brigadade Anticorrupción, y ése es un esfuerzo elogiable, pero pone de relieve que no nos encontramos ante simples hechos aislados: la sospecha sobre la podredumbre de algunos funcionarios y la extensión de ese cáncer poseen una entidad de envergadura. Pero, al margen de esta Brigada de Anticorrupción, una mejor y más directa solución del problema puede encontrarse en una decisión política que el Gobierno se obstina en no cumplir. Nos referimos a la creación de una Policía Judicial cuyos miembros estén bajo las órdenes de los magistrados y cuyas labores se realicen a petición de los jueces y fiscales. La ley orgánica del Poder Judicial marcó las bases para un futuro desarrollo de esta Policía Judicial, pero la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad matiza y limita lo que el otro texto legislativo permitía. Ambos textos son fruto del trabajo del Gobierno socialista y exponente de la lucha, no tan sorda, que durante la pasada legislatura protagonizaron el ministro Ledesma, en Justicia, y el ministro Barrionuevo, en Interior, con indudable victoria a los puntos de éste. La suposición de que se puede luchar contra la corrupción policial sólo o primordialmente desde la propia policía es ingenua e indica el culto al corporativismo policial que el Gobierno socialista viene practicando. Una sociedad democrática se caracteriza por la división y la difusión del poder: la policía no puede estar autocontrolada si efectivamente se quiere que esté controlada.

El prestigio policial es algo más que una frase. La posibilidad de recurrir a los servidores del orden en confianza de su honestidad y eficacia decide un grado de bienestar inexcusable. Las solicitudes de colaboración con la policía que a menudo se hacen a la población civil sólo pueden encontrar una efectiva respuesta si el vecino siente que se relaciona con auténticos representantes de la legalidad. La credibilidad del aparato policial es decisiva, y su negación o su deterioro han hecho proliferar las medidas particulares de autodefensa. De ahí a la implantación de la ley de la selva sólo hay un paso. Pero este Gobierno tiene una epidermis de elefante. Sólo da conferencias de prensa sobre lo que no interesa a los ciudadanos y su partido no abre debates parlamentarios sobre lo que les interesa. En el paréntesis electoral, la mafia de la policía salta a los periódicos como algo más que una serpiente de verano. Vamos a ver cómo Felipe González interpreta, en términos políticos, las soluciones a un problema sobre el que esperamos no volver a oír la cantilena de que se trata de algo que únicamente compete a la justicia.