Horas graves en Chile

LA DICTADURA de Pinochet es una de las manchas negras que permanecen en el cono sur del continente americano; mientras Argentina, Brasil y Uruguay han recuperado situaciones democráticas, Chile permanece subyugado por un régimen militar que ha perdido casi todos los apoyos sociales con los que pudo contar en sus comienzos. La cuestión es hasta cuándo podrá mantenerse un sistema de poder en el que los militares ocupan o controlan prácticamente todos los cargos decisorios y que niega a la ciudadanía los derechos más elementales. Pinochet ha determinado ya, en una Constitución aprobada en un referéndum manipulado, el mecanismo para una prolongación casi ilimitada de su poder hasta 1989. En esa fecha, la junta militar -formada por el jefe de cada una de las cuatro armas- designará un candidato a presidente de la República, el cual será plebiscitádo. Pero, según ese esquema, Pinochet podría ser el candidato en 1989 y prolongar así su poder hasta 1997, fecha fijada para las segundas elecciones presidenciales.La oposición está por ello obligada a luchar para derribar a Pinochet fuera de los esquemas legales que éste ha dictado, obligando al dictador, por una presión social y popular, a renunciar al poder y a aceptar, de una u otra manera, el restablecimiento de la democracia. En los últimos años, la oposición ha realizado poderosas movilizaciones de masas, pero lo cierto es que no han sido suficientes para resquebrajar el régimen pinochetista. El Ejército ha seguido básicamente fiel al dictador proporcionándole la sensación de que no se encontraba directamente amenazado. Ahora se acerca una nueva etapa del enfrentamiento entre dictadura y oposición, que puede abrir mayores perspectivas de cara al futuro. Un hecho esencial es que la oposición está llevando a cabo, a pesar de enormes dificultades, un plan concertado en el que participan muy amplios sectores de la sociedad, por encima de sus diferencias y contradicciones. La fase actual consiste en un mes de desobediencia civil, plasmada en numerosas protestas, manifestaciones, huelgas, asambleas..., para desembocar el 2 y el 3 de julio en una huelga general que debe paralizar todo el país.

La lucha opositora se está enriqueciendo en esta etapa con una serie de rasgos nuevos que indican indiscutiblemente una maduración de las condiciones para un cambio político. Sectores que ayer fueron apoyos esenciales de la dictadura -como los transportistas y los comerciantes- han decidido sumarse a la huelga general anunciada. Ya no se trata de una huelga de los obreros o de otros grupos muy radicalizados, como los estudiantes, sino que podrá integrar a fuertes sectores económicos que políticamente se sitúan a la derecha, pero que hoy son empujados a la ruina por la política de la dictadura y aspiran a una democracia moderada.

Pinochet está inquieto ante el anuncio de la huelga y su deseo es proclamar cuanto antes el estado de sitio para poder ocupar militarmente el país y aplicar los metodos represivos más severos sin ninguna limitación jurídica. Al parecer, se ha encontrado en este punto con reticencias de algún miembro de la junta militar. No es la primera vez que ocurre puesto que ya ha tenido problemas con el arma de aviación y con el cuerpo de carabineros. Pero hasta ahora Pinochet ha logrado siempre imponer su voluntad. Sin unas movilizaciones y una presión de la sociedad mucho más fuertes de las habidas hasta ahora, es poco probable que surjan en el Ejército sectores dispuestos a un acuerdo con la oposición. Aunque la actitud de EE UU ha suffido cierta evolución, no contribuye a debilitar a la dictadura. El nuevo embajador ha dicho que desea el retorno a la democracia, pero desconfla de la oposición y preconiza aplazar un cambio eventual hasta 1989, la fecha fijada en el plan de Pinochet. La respuesta popular a la huelga del 2 y 3 de julio será fundamental para perfilar las posibilidades de un cambio democrático.