La necesidad de una nueva ley de regulación

Cuándo se aprobó esta ley, muchas voces, desde el movimiento feminista y los profesionales sanitarios progresistas, señalamos que era insuficiente y que su aplicación traería tantos problemas que incluso los casos supuestamente cubiertos por la misma quedarían sin resolver.La realidad ha sido así. El número exacto de abortos realizados legalmente en nuestro país se desconoce, pero éstos no superan los 300, con una distribución muy irregular, ya que hay comunidades autónomas donde no se realizan, y allí las mujeres afectadas deben desplazarse muchos kilómetros para resolver casos para los que hay recursos suficientes en sus ciudades de origen. Por otro lado, la publicidad que se dio inicialmente al tema ha disminuido las posibilidades de su realización, y hace que los abortos legales estén rodeados en este momento de un halo de clandestinidad que produce sobre las mujeres efectos psicológicos parecidos al aborto ¡legal y que a veces crea repercusiones sobre la misma atención sanitaria.

Las comisiones evaluadoras se han enfrentado en muchas ocasiones con las actuaciones obstruccionistas de algunos de los profesionales que las componen, lo que ha producido retrasos e incluso decisiones contradictorias que han imposibilitado la aplicación de la ley, cuando ésta recoge claramente que sus decisiones no' pueden ser determinantes. En alguna ocasión ha habido intolerables intromisiones totalmente ajenas a su función. Por señalar sólo dos ejemplos de hechos acaecidos, se ha dado un caso en que la comisión evaluadora se entrevistó con la mujer que solicitaba el aborto para convencerla (y evidentemente presionarla) de que desistiera de su actitud, y otro en el que la autoridad judicial tuvo que personarse ante una de ellas para recordarle sus limitaciones (determinar las indicaciones médicas), ya que pretendía investigar (ejerciendo de policía) la existencia o no de una violación. Son anécdotas, pero desgraciadamente no tan infrecuentes, y han producido, entre otros efectos, el que algunos abortos perfectamente legales dejaran de serlo por agotarse el plazo correspondiente, lo que, que se sepa, ha sucedido en una veintena de casos conocidos.

Evitar trámites

El resultado es que muchas mujeres incursas en los supuestos que contempla la ley prefieren utilizar la vía del aborto ilegal (dentro o fuera de nuestras fronteras) para evitar los trámites burocráticos y las humillaciones que conlleva el aborto legal. Así, en una encuesta reciente realizada en más de 600 mujeres que habían abortado ¡legalmente después de la aprobación de la ley, se descubrió que un 5% podría haberlo hecho acogiéndose a la misma, pero prefirió el coste económico y/o el riesgo de utilizar el circuito ilegal. Pocos ejemplos más ilustrativos del fracaso de la limitada regulación actual.

Ésta es una vertiente de los problemas que tienen las españolas que desean abortar legalmente, pero hay otra, no menor, y es la que crea la actitud de algunos profesionales sanitarios contrarios al aborto y la inexistencia de una regulación de la objeción de conciencia.

Desde el principio, la Organización Médica Colegial ha intentado detener cualquier regulación del tema en nuestro país, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional su táctica fue la de ampararse en la objeción de conciencia para evitar su realización en el sector sanitario público. El Ministerio de Sanidad, tan proclive a ceder arite la mínima presión del corporativismo médico, no ha sido capaz de afrontar el problema y, al no realizar una regulación de la objeción de conciencia, ha dejado ésta al libre arbitrio, "en cada caso concreto", de cada profesional, a la vez que tolera las presiones de los jefes de servicio para impedir la realización de abortos en los centros públicos. El resultado es que sólo unos pocos centros realizan abortos, y a veces, como en el hospital de Móstoles, con personal contratado al efecto, mientras que otros hospitales con recursos y personal suficiente para su práctica no lo hacen debido a las presiones del poder médico. Incide también el que la falta de cobertura legal retrae a los ginecólogos partidarios del aborto a participar en los mismos, ante la posibilidad, en estas circunstancias, de verse convertidos en aborteros, limitando así su horizonte profesional.

Motivos socioeconómicos

Todas estas circunstancias obligan a que se realice una nueva regulación de la interrupción del embarazo para poder permitir su acceso en igualdad de condiciones a todas las mujeres. Se ha hablado últimamente, incluso por responsables del Gobierno, de la posibilidad de incluir un nuevo supuesto -"los motivos socioecónomicos"- en la ley, lo que, desde luego, sería una mejora de la actual situación, pero ¿quién determinaría estos motivos? Parece lógico no volver a incurrir en los errores anteriores y dejamos de eufemismos. Se impone un sistema de plazos, como existe en la mayoría de los países del mundo civilizado, y dejar,a las mujeres que decidan ellas niÍsmas, y no unas coinisiones evaluadoras, que siempre utilizarán criterios arbitrarios y que, desde luego, suponen el someter a las mujeres y a sus problemas a un tribunal examinador.

Se amplíe la ley a los motivos socioeconómicos o se utilice el sistema de plazos, es necesario que esta nueva regulación se acompañe de una determinación clara de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (y no sólo de los médicos) que permita la elaboración de una Esta de objetores, renovable periódicamente (por ejemplo, anualmente), que permita la planificación de los recursos asistenciales disponibles y que evite el peregrinaje de las mujeres que quieran acogerse a la ley. Si no se hace así, estará potenciándose la solución del problema por el sector privado o en los circuitos ilegales, manteniendo, por tanto, una discriminación según los niveles de renta de las mujeres y, lo que es peor, graves problemas para la salud de las mismas, pues nadie debe olvidar que, después de la aprobación de la ley actualmente en vigor, han muerto cuatro mujeres a consecuencia de abortos clandestinos.

es miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.