El cambio apenas ha tocado la estructura sanitaria

La disminución constante de los recursos económicos destinados a la sanidad revela que los problemas sanitarios no han sido considerados prioritarios por el Gobierno de Felipe González. La sanidad ha sido la cenicienta de una política fundamentalmente orientada a reducir el déficit público, hasta el punto de que el propio titular de la cartera, Ernest-Lluch, ha reconocido que los presupuestos han sido insuficientes y que deberán aumentar en el futuro. Forzados por este corsé, los responsables de la política sanitaria han centrado todo su esfuerzo en intentar aprovechar al máximo los recursos disponibles para poder destinar el ahorro obtenido a las reformas anunciadas. El resultado, al final de la legislatura, es que la esperada reforma global de la sanidad sigue siendo una promesa por cumplir. La ley general de Sanidad, imprescindible para abordar los cambios en profundidad, se ha aprobado prácticamente al final de la legislatura, mientras los proyectos de reforma hospitalaria y de la asistencia primera apenas han comenzado a aplicarse.

Cuando los socialistas alcanzaron el poder, en 1982, el gasto sanitario de la Seguridad Social constituía el 3,84% del Producto Interior Bruto (PIB). En 1986 el presupuesto previsto representa el 3,43%, cuando la mayor parte de, los países de la Comunidad Europea (CE) destina porcentajes superiores al 6%. Eso quiere decir que en 1982 se destinaban 23.461 pesetas por habitante al año y que en 1986 son únicamente 19.957. Esta política de austeridad ha impedido abordar, en la práctica, las reformas del sistema sanitario largo tiempo esperadas, porque para emprenderlas era preciso realizar importantes inversiones previas.Falto de un presupuesto adecuado para responder a las expectivas, el ministro de Sanidad, economista de profesión, ha orientado su política a conseguir el máximo ahorro posible mediante una rigurosa gestión del principal organismo de control sanitario, el Insalud. El artífice principal de esta política fue su director general, Francesc Raventós, que dimitió a mitad de la legislatura, y, aunque oficialmente se adujeron razones personales, era conocido su malestar por la precaria consideración institucional que merecía el Insalud y por la escasez del presupuesto.

Política de ahorro

La constante tensión entre las expectativas latentes y las posibilidades reales de cambio ha sido la causa última de que el Ministerio de Sanidad sea uno de los departamentos gubernamentales con mayor número de dimisiones, ceses y relevos durante la legislatura, a los que tampoco ha sido ajena la particular personalidad del ministro.Ernest Lluch intentó obtener el máximo rendimiento político de la depauperada cartera que le habían encomendado mediante algunas medidas de impacto inmediato, entre las que figuraban algunas que comportaban mejoras sustanciales: la extensión de la cobertura sanitaria y la reducción de los precios de los medicamentos constituyen el paradigma de este tipo de actuaciones. El ministro ha tenido también la habilidad de sacar un importante partido del simple anuncio de las reformas que iba a emprender y de una oportuna intervención personal en algunos problemas sanitarios espectaculares, como el de la droga, los trasplantes o el SIDA, que han gozado dejan atención en los medios de comunicación.

Terminada la legislatura, en su haber figura la definición de los principales ejes de la reforma sanitaria, traducida en proyectos, pero apenas puesta en marcha. Al cabo de cuatro años, lo esencial de la estructura sanitaria permanece prácticamente intacto, lo que ha provocado que en la última parte de la legislatura arreciaran las críticas de los profesionales de la sanidad, alarmados ante el deterioro y la descapitalización que se está produciendo en los centros sanitarios.

De la medida que más se congratulan los responsables del ministerio en su balance de realizaciones es de la ampliación de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social, que en 1982 alcanzaba al 85% de la población española y ahora llega al 94%. La ampliación ha beneficiado además a tres sectores importantes: los parados, que tienen garantizada indefinidamente la asistencia sanitaria de su familia; los jóvenes sin empleo, que estarán atendidos hasta los 26 años, y los trabajadores autonómos, que han sido incorporados al régimen general.

Del 6% de población que falta por cubrir, el 2% corresponde a indigentes y sectores muy marginados, actualmente atendidos en centros de beneficiencia y que, en el futuro, serán asumidos por la Seguridad Social con cargo al Ministerio de Hacienda. El restante 4% está formado por las capas más pudientes de la población, que tradicionalmente acuden sólo a la iniciativa privada. El ministerio pretende atraer a este sector hacia la Seguridad Social, pero, en este caso, previo pago de la asistencia.

Otra de las medidas destacadas es la elaboración, por primera vez, de una Carta de los Derechos y Deberes del Usuario, acompañada de un ambicioso plan de humanización de los servicios. Esta iniciativa, de gran importancia porque instaura mecanismos de participación ciudadana en la sanidad, recibió un notable impulso initervención. Luego ha caído en tal grado de dejadez que es como si no existiera.

Tres leyes esenciales

El Gobierno socialista anunció la aprobación de tres leyes importantes durante su primer mandato: la de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la del Medicamento y la ley general de Sanidad, imprescindible esta última para poder abordar la reforma del sistema sanitario.La primera ley, aprobada en mayo de 1984 con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, es la única en la que se han cumplido las previsiones. La ley del Medicamento no ha sido siquiera presentada, aunque el ministro asegura que ya la tiene elaborada, y la ley, general de Sanidad ha sido aprobada tan al final de la legislatura que apenas ha comenzado a aplicarse.

La ley general fue elaborada en un proceso tormentoso que duró más de tres años, en los que el ministro alternó diatribas y negociaciones con la derecha y la izquierda. El resultado ha sido un texto normativo que no ha satisfecho ni a unos ni a otros. Desde la izquierda se acusa a Lluch de haber demorado deliberadamente el debate para justificar la asistencia de algunas reformas alegando que no existía la ley básica que debía enmarcarlas. Los sectores progresistas critican que la ley no instaura un servicio nacional de salud, al estilo del británico y que no garantiza la gratuidad total de la prestación sanitaria y en consecuencia, su universalidad. La derecha tacha a la ley de dirigista y le achaca fundamentalmente no instaurar la libre elección de médico y de sistema sanitario.

En el prurito por no ser calificado de antiautonomista, el ministro centró todo su esfuerzo en conseguir un respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes a su texto. Con los primeros alcanzó un acuerdo con cierta facilidad, pero el de los catalanes lo consiguió in extremis, el día antes de que se discutiera la ley en el Senado, y sólo después de haber firmado un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat por el que la Administración central se comprometía a transferir al Instituto Catalán de la Salud 20.000 millones de pesetas en concepto de atrasos.

La ley de Sanidad prevé la integración en la red pública de asistencia de las diversas administraciones sanitarias hasta ahora dependientes de las diputaciones y ayuntamientos, que incluyen toda la red de beneficiencia y prácticamente todas las instalaciones psiquiátricas existentes. Antes de la aprobación de la ley se habían integrado ya a la red pública el antiguo AINS y los hospitales clínicos.

Frustración en psiquiatría

Uno de los ámbitos en que el triunfo de los socialistas en 1982 despertó más expectativas era el de la salud mental, campo en el que se ha creado una frustración, pues la anunciada reforma de la asistencia psiquiátrica ni siquiera se ha iniciado. Se ha hecho un ingente esfuerzo teórico para definir el modelo asistencial mediante la creación de una comisión con amplia representación profesional, pero se ha consumido la legislatura sin poder aplicarlo.En promoción de salud y medicina preventiva se ha avanzado también poco. A pesar de haberse efectuado por primera vez una encuesta. nacional de salud, el conocimiento epidermológico de la enfermedad es todavía muy insuficiente. Como aspecto positivo destaca la creación de un importante número de centros de orientación familiar y la planificación de la asistencia odontológica. En este ámbito, tradicionalmente abandonado a la iniciativa privada, se ha definido la estructura necesaria para una ampliación de la cobertura pública que comportará la creación de cinco nuevas facultades ole Odontología, pero la realización del programa queda también pendiente para la próxima legislatura.